Tegucigalpa, Honduras
El Congreso Nacional aprobó ayer la moción del diputado César Handal de reconsiderar puntos referentes a la aprobación de varias amnistías contenidas en el decreto 51-2018 publicado el 7 de junio pasado.
“La moción de reconsideración va encaminada a hacer enmiendas en el articulado referido a las amnistías tributarias y aduanera, en el sentido que cuando se leyó el acta detectamos errores con algunas palabras que diferían un poco en lo que contenía el dictamen”, dijo el legislador.
Por ejemplo, la amnistía vehicular dará ahora un beneficio a los propietarios de vehículos que tienen placas guatemaltecas y salvadoreñas y que están circulando en el país, sobre todo en departamentos fronterizos.
La amnistía da la oportunidad a los propietarios para que puedan nacionalizar los vehículos haciendo un pago único de 10,000 lempiras.
“Cuando se leyó el acta decía ‘pago mínimo de 10,000 lempiras’, sin embargo, en el dictamen ya expresaba pago único”, refirió Handal.
En la vigencia de la absolución, los obligados tributarios podrán pagar deudas tributarias y aduaneras que estén firmes y pendientes de pago al 31 de diciembre de 2017, sin sanción alguna, estén o no amparadas en planes de pago. Asimismo, presentar declaraciones, modificaciones formales de cualquier tipo de manifestaciones tributarias y aduaneras.
De igual forma, manifiestos, tránsitos y cualquier tipo de documento aduanero que no haya sido pagado antes del 31 de diciembre del año pasado referentes a períodos fiscales anuales o mensuales no prescritos en tributos internos correspondientes a 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.
Estos tributos podrán ser pagados sin que les sea aplicado multas, recargos e intereses aplicables conforme al código tributario vigente.
Este beneficio de amnistía será concedido de manera automática a los obligados tributarios que hayan presentado sus declaraciones determinativas ya sean anuales, así como mensuales; o indistintamente del período hasta el 31 de diciembre de 2017.
El paquete de amnistía aplica operadores de servicios, telecomunicaciones, obligados con el IP, pagos a la Enee y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
