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Ahiba: Congreso no es el llamado a establecer tasas en las tarjetas

  • 30 agosto 2016 /

San Pedro Sula, Honduras.

Sociedad civil, parlamentarios y la empresa privada esperan que esta semana sea discutido en el Congreso Nacional el proyecto del Poder Ejecutivo para regular las tarjetas de crédito.

El sector privado ha dejado que sea la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba) quien lleve la voz y presente los argumentos.

“Tenemos que llegar a un punto medio. El Gobierno es el que tiene que ayudar a que el costo del dinero sea bajo”, refirió María Lydia Solano, directora ejecutiva de la Ahiba, quien reconoció los esfuerzos del Estado por ordenar las finanzas públicas, aunque todavía “se paga una tasa alta por el dinero”.

Respecto a la intención del Gobierno por regular las tasas de interés, Solano sentenció que esa posición es “salirse de una realidad, porque el sistema bancario hondureño tiene un órgano regulador que es la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

“Cuando se habló de una ley de tarjetas no pudimos estar de acuerdo porque no es el Congreso Nacional el llamado a conocer mejor cómo establecer el precio del crédito”, agregó la banquera.

Otros criterios

Edwin Soriano, presidente de la Asociación de Pequeños Empresarios del Valle de Sula (Apevas), aseguró que este sector social de la economía está siendo “exprimido” por los altos interés de las tarjetas de crédito, un instrumento por el que muchas mipymes no acceden a préstamos para capitalizar sus negocios. “Muchas veces las tarjetas es lo más cercano a un préstamo para nosotros y nos permite comprar materias primas”, añadió.

El diputado Jorge Cálix es del criterio que las empresas emisoras de tarjetas de crédito no determinan la capacidad de pago de los usuarios financieros al momento de ofrecerles estos productos. “Por la necesidad, las personas se ven orilladas a aceptar dinero sin reparar en la cantidad de intereses que les tocará pagar después”, indicó.

Cálix señaló que la libre competencia es una teoría económica que en otros países ha dado resultados, pero no es el caso de Honduras. “El Estado debe intervenir para frenar los excesos”, apuntó.