El Gobierno de Honduras cuenta con una guía para garantizar la sostenibilidad de las finanzas a largo plazo en la forma de un documento titulado “Pacto fiscal para un desarrollo sostenible”.
Este documento contiene 67 recomendaciones en 22 áreas resumidas en un escrito de 45 páginas y que se viene preparando desde 2013 por el Grupo Promotor del Diálogo Fiscal.
El citado grupo está integrado por exsecretarios de Finanzas, expresidentes del Banco Central, exdirectores de Ingresos, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y la Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec).
La presentación del documento estuvo a cargo de William Chong Wong, exsecretario de Finanzas; Efraín Díaz Arrivillaga, analista económico; Elmis Cárdenas, economista; Jorge Yllescas, exdirector de Ingresos; y la estudiante universitaria Adriana Domínguez.
Cada uno de los expositores explicó que el pacto fiscal es un acuerdo social sobre el monto, origen y destino de los recursos que requiere el Estado, cuidando que el cumplimiento esté asegurado por la transparencia y rendición de cuentas.
“La propuesta se trata de una serie de medidas que, como personas de conocimiento y experiencia práctica en asuntos fiscales, hemos consensuado para ponerlas a consideración de quienes resulten convocados para dialogar y acordar el pacto fiscal”, dijo Chong Wong.
Excesiva vulnerabilidad
Para el Grupo Promotor del Diálogo Fiscal, Honduras arrastra un largo historial de ciclos fiscales que han puesto al desnudo su excesiva vulnerabilidad frente a los vaivenes de la economía internacional y a los procesos electorales. Un ejemplo de lo anterior es 2013, cuando el déficit fiscal del Gobierno Central fue de 7.9% del PIB, el más alto en esta década.
Para evitar que se pierda la disciplina fiscal de los últimos dos años, el grupo considera oportuno adoptar una serie de compromisos. Entre ellos destacan el planeamiento y ejecución del gasto público basado en prioridades y criterios de desempeño; la unificación y manejo global del presupuesto.
También contempla la complementariedad entre la inversión pública y privada; garantía de derechos humanos básicos y la conducción ética de la gestión pública.
Otras medidas concretas se incluyen evitar que el gasto público supere 27% del PIB para el sector público combinado y 21% para la administración central.
La inversión pública no podrá ser menor al 3% del PIB. El gasto corriente tendrá que financiarse con ingresos corrientes y no con deuda.
El déficit del sector público combinado de Honduras no debe superar el 2% del PIB, esto bajo el supuesto de un 2% del Gobierno Central
| El exministro de Finanzas, William Chong Wong (der.), entregó el documento al ministro actual, Wilfredo Cerrato.
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