Tegucigalpa, Honduras
Aunque el sector privado ve con buenos ojos la decisión de emitir un nuevo Código Tributario, rechaza algunas de las reglas que pretende aplicar.
En primer lugar argumenta que algunos artículos del nuevo Código violan la presunción de inocencia de los contribuyentes, y da potestad al presidente de la República de suspender mediante acuerdo ejecutivo la aplicación de impuestos, función que le ha correspondido exclusivamente al Congreso, siendo el único que puede establecer, modificar y suprimir impuestos.
Para Armando Urtecho, director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) hay aspectos que van en contra de la Constitución, sin embargo, espera que el gobierno escuche los planteamientos del sector.
Urtecho consideró que “si se van a estar cambiando las reglas, entonces ese Código no va a ser bueno para atraer inversiones, porque se genera incertidumbre en el país”.
La iniciativa privada pide que “no se deje a la mala interpretación de los funcionarios de turno cómo se va aplicar un artículo o no”, expresó Urtecho.
El Código debe ser simple, no debe ser burocrático ni engorroso, insistió el ejecutivo.
Míriam Guzmán, titular de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, dijo que el anteproyecto del nuevo Código fue elaborado por doctos nacionales y extranjeros y está acorde con la realidad del país.
Reprochó que “el que no quiere pagar (impuestos), aunque le pongamos un Código Tributario que solo contenga un artículo, no lo va a hacer, porque sencillamente no tienen arraigada la cultura tributaria”, declaró.
El anteproyecto del nuevo Código Tributario fue presentado por las autoridades de Gobierno el pasado 5 de enero y su objetivo principal es proporcionar al Estado y a los contribuyentes un marco legal que regule el tema fiscal conforme a mejores prácticas.
El Foro Social para la Deuda Externa (Fosdeh) y el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) han coincidido en que la iniciativa constituye un avance importante para la simplificación del cobro de impuestos.
Sin embargo, recalcan que se deben analizar algunos aspectos relacionados con el derecho de los contribuyentes, la autonomía funcional y financiera de la DEI, así como el rol de los poderes del Estado en el tema de tributos.
De la misma forma demandan al Gobierno una rendición de cuentas transparente sobre la inversión de los impuestos que pagan los hondureños, que solo en 2015 sumaron L75,400 millones.
