Ciudad de México
Agrega que la perspectiva estable refleja nuestra expectativa de que el próximo gobierno consolidará los logros de las reformas fiscal y de energía, al tiempo que sigue afrontando a la delincuencia y a la pobreza en un contexto de instituciones políticas aún en evolución y un bajo PIB per cápita.
En cambio, podríamos bajar las calificaciones del soberano durante el mismo periodo si eventos políticos o externos inesperados generan dudas sobre la continuidad de las políticas económicas. De manera similar, podríamos bajar las calificaciones si la política fiscal se relaja, potencialmente incrementando el pago de intereses por arriba de 15% de los ingresos del gobierno general, o si un deterioro en el desempeño fiscal afecta negativamente la confianza de los inversionistas y las expectativas de crecimiento'.
S&P Global Ratings subió hoy sus calificaciones soberanas de largo plazo en moneda local y extranjera a ‘BB-’ de ‘B+’ de la República de Honduras y le otrogó una perspectiva estable.
'Al mismo tiempo, confirmamos nuestras calificaciones soberanas de corto plazo en moneda local y extranjera de ‘B’. Adicionalmente, subimos nuestra evaluación de transferencia y convertibilidad (T&C) para Honduras a ‘BB’ de ‘BB-’.
La firma resaltó el compromiso del gobierno para fortalecer las finanzas públicas ha mejorado la flexibilidad fiscal de Honduras.
'Esperamos una amplia continuidad en las políticas económicas e incrementos de deuda moderados tras las elecciones generales de noviembre de 2017. Por ello, subimos nuestras calificaciones soberanas de largo plazo, en moneda extranjera y local a ‘BB-’ de ‘B+’ de Honduras'.
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Fundamento
En su informe la calificadora señala que su calificación se debe a los siguientes parámetros:
'El alza de las calificaciones refleja la mejora en la flexibilidad fiscal de Honduras derivadas de un historial de políticas disciplinadas de finanzas públicas. Asimismo, esperamos que el compromiso del gobierno con la responsabilidad fiscal evite un aumento del gasto durante el proceso electoral actual y permita continuar cumpliendo con los parámetros establecidos en el programa de tres años de Honduras con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que concluirá en diciembre de 2017. Estimamos incrementos moderados en la deuda del gobierno, así como la continuidad en la reestructura del sector energético.
En nuestra opinión, los desafíos principales del siguiente gobierno están relacionados con mantener la estabilidad macroeconómica y mejorar las condiciones para un crecimiento económico sostenible y reducir la pobreza.
A casi cuatro meses para la elección presidencial, el presidente Juan Orlando Hernández está participando con un marco legal que no regula el límite de periodos de la reelección. En nuestra opinión, un eventual crecimiento en el poder de decisión plantea riesgos a la evolución de las instituciones políticas. El sistema político de pesos y contrapesos de Honduras sigue siendo débil.
En nuestra opinión, sin importar quién gane la elección presidencial, la próxima administración afrontará desafíos significativos para seguir abatiendo la delincuencia y la pobreza, al tiempo que se consolida la sustentabilidad de las finanzas públicas.
Esperamos que la eficiencia de la recaudación de ingresos y los controles al gasto, anclados por la transformación de la autoridad tributaria y la ley de responsabilidad fiscal, respectivamente, aunado a los cambios próximos por la reestructura al sector energético, contendrá el déficit del gobierno general (que incluye al gobierno central y al Banco Central) de Honduras en torno a 3.7% del PIB en los próximos dos años. Con base en esta tendencia esperada, la deuda neta del gobierno general (que incluye la deuda del Banco Central y de los gobiernos locales menos los activos financieros líquidos del gobierno general) se estabilizaría en torno a 36% del PIB en 2018-2019.
Adicionalmente, esperamos que el pago de intereses de la deuda se mantenga en un nivel relativamente elevado de 14% de los ingresos del gobierno general.
El gobierno ha avanzado también con reformas en el sector de electricidad que han reducido el costo fiscal de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) sobre el presupuesto del gobierno central a 0.3% del PIB en 2016 (igual que en 2015) desde 1.3% en 2014.
La reducción de las importaciones de bienes y una disminución de los precios mundiales de las materias primas internacionales (commodities), particularmente combustibles, aunado a las altas remesas, redujeron el déficit de la cuenta corriente de Honduras a 3.8% del PIB en 2016 desde 5.5% en 2015.
Esperamos que el déficit de la cuenta corriente se estabilice alrededor de 5% del PIB en 2018-2020, ya que se espera una recuperación en los precios de los commodities importados. Prevemos que las necesidades de financiamiento externo bruto del país promedien 92% de los ingresos de la cuenta corriente y las reservas utilizables en los próximos dos años, igual que en 2016. Estimamos que la inversión extranjera directa (IED) continuará financiando el déficit de la cuenta corriente y contendría el incremento de la deuda externa.
El bajo ingreso per cápita de Honduras, alrededor de US$2,500 en 2017, sigue limitando la calificación. Esperamos que el crecimiento del PIB real se mantenga en 3.6% en 2017, similar a los dos años pasados, con base en el crecimiento continuo de los sectores de agricultura, manufactura, comercio y turismo. Pese a la incertidumbre con respecto al impacto de las políticas de migración de la administración de Estados Unidos, esperamos que la tendencia de crecimiento del PIB promedie 3.8% (y un crecimiento per cápita en torno a 2%) en los próximos tres años. En 2016, las remesas alcanzaron 18.5% del PIB, y a junio de 2017, las remesas reportaron un incremento de 3.2% en comparación con el mismo periodo del año pasado.
En el mediano plazo, la tasa de crecimiento de la economía de Honduras estaría acotada por la limitada infraestructura física, aunque en expansión, y su vulnerabilidad a los shocks externos.
El tipo de cambio controlado de Honduras y un pequeño mercado de capitales local limitan la efectividad de la política monetaria. Honduras ha manejado de manera significativa su tipo de cambio con una banda estrecha desde 2011. Con base en el Programa Monetario del Banco Central para 2017-2018, esperamos una depreciación nominal en torno a 4% este año, con una inflación dentro del objetivo de 4.5% (más o menos 1%), ligeramente por arriba del 3.3% de 2016.
Los activos y pasivos denominados en dólares en el sistema bancario siguen representando aproximadamente una tercera parte de los depósitos de los bancos comerciales y pasivos de depósitos, lo que podría generar cierta vulnerabilidad a los movimientos marcados en el tipo de cambio.
La evaluación de T&C es de ‘BB’, un nivel (notch) por encima de la calificación soberana de moneda extranjera. Esto refleja nuestra opinión de que la probabilidad de que el soberano restrinja el acceso a las divisas que necesitan los emisores no soberanos para el servicio de deuda es ligeramente menor que la probabilidad de que el soberano incumpla con sus obligaciones en moneda extranjera.
Perspectiva
La perspectiva estable de Honduras se basa en nuestra expectativa de una amplia continuidad de sus políticas económicas y estabilidad política general. Esperamos incrementos anuales moderados en la deuda del gobierno. También esperamos que el gobierno siga abordando los problemas de delincuencia y pobreza, aun cuando estimamos que el avance en estas áreas sea muy gradual.
Podríamos subir las calificaciones de Honduras en los próximos dos años si una implementación más rápida y efectiva que la esperada de la reforma energética fortalece el crecimiento económico del país y la flexibilidad fiscal por encima de nuestras expectativas.
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En cambio, podríamos bajar las calificaciones del soberano durante el mismo periodo si eventos políticos o externos inesperados generan dudas sobre la continuidad de las políticas económicas. De manera similar, podríamos bajar las calificaciones si la política fiscal se relaja, potencialmente incrementando el pago de intereses por arriba de 15% de los ingresos del gobierno general, o si un deterioro en el desempeño fiscal afecta negativamente la confianza de los inversionistas y las expectativas de crecimiento'.
