San Pedro Sula, Honduras.
La suspensión de un examen y la prohibición de la entrega de calificaciones por retraso de pago son consideradas como transgresiones o violaciones a los derechos de los niños, según el Código de la Niñez, y se incluye dentro de las faltas o agresiones a escolares denominadas bullying.
Estas son las denuncias más frecuentes que se interponen en las oficinas de Asuntos Legales de la Dirección Departamental de Educación de Cortés. La mayoría proviene de padres de familia de escuelas y colegios del sector privado.
Según la Fiscalía de la Niñez, el delito se denomina maltrato por transgresión. La Ley contra el Acoso Escolar, que fue aprobada por el Congreso Nacional el pasado martes, determina en su segundo artículo que “cualquier forma de maltrato, agresión, intimidación, acción de menosprecio, discriminación, exclusión, ejercida a través de un acto físico, expresión verbal, escrita o gesto que cause un daño psicológico o físico” será interpretado como acoso escolar o bullying.
En San Pedro Sula no existen hasta el momento casos puntuales ni denuncias hechas sobre acoso o agresiones entre estudiantes de escuelas y colegios, aunque los directores de centros educativos oficiales aseguran que son muy frecuentes, pero con pocas consecuencias.
“Con el paso del tiempo ha ido incrementando. Los jóvenes mayores atacan a los menores y ahora con la influencia de las pandillas es peor. Tratamos de intervenir en lo que nos damos cuenta a través del comportamiento de los niños”, comentó Marlon Aguilar, director del centro básico Presentación Centeno.
La legislación recién aprobada establece en su artículo 6 que las medidas disciplinarias ante la agresión de cualquier tipo serán de prevención, intervención, de urgencia y de protección y de apoyo. Si el abuso se convierte en delito se sancionará con el Código Penal o Civil.
“Aprobar una ley de este tipo es bueno porque se hace una advertencia a aquellas personas que cometen actos de agresión sean niños o personas adultas”, explica Rosario López, asesora legal en funciones de la Departamental de Cortés.
López indica que hasta el momento se han capacitado a unos 3 mil docentes del sector privado y bilingüe de San Pedro Sula para que no cometan el error de no entregar notas y suspender exámenes a los menores. En caso de que sus padres tengan una deuda deben entenderse legalmente con ellos, añade la profesional del Derecho.
