Policía Militar seguiría a cargo de las cárceles, pero sectores exigen transición al INP

Tegucigalpa, Honduras.

A menos de dos meses de concluir el primer año de intervención de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) en los centros penales, expertos en seguridad reconocen la recuperación -en gran medida- de la gobernabilidad en el sistema carcelario, pero enfatizan en que es hora de que el Instituto Nacional Penitenciario (INP) tome las riendas y marque un nuevo rumbo a partir de julio próximo.

LA PRENSA Premium conoció de manera extraoficial, a través de fuentes ligadas al sistema penal, sobre la posible extensión del estado de emergencia en las cárceles de Honduras, lo que mantendría a los militares a cargo de las prisiones por seis meses o inclusive, un año más.

Sin embargo, expertos argumentan que las fuerzas militares no cuentan con la capacitación ni experiencia para tratar con la población penitenciaria y sus desafíos. Lo ideal es que las cárceles sean manejadas por civiles que hayan sido especializados en carreras penitenciarias, además de que precisamente por eso existe la entidad (INP).

“Sí se ha visto un cambio desde la gestión de los militares, hay que reconocerlo, pero lo que no vemos como bueno en el sistema es que no se hayan creado las condiciones para la transición al INP, o no tenemos información si se está haciendo. Lo digo en el sentido de que se requiere una estructura organizativa que corresponda a especialidades”, expresó Luis Maldonado Galeas, coronel en condición de retiro.

”No debe ser ni la policía ni los militares los que estén a cargo de las cárceles, sino el INP. Esto requiere altos niveles de demanda y autoridad, por lo que la Escuela de Formación de Agentes Penitenciarios debe tener la formación de los liderazgos y especialidades para que la estructura esté completa”, agregó Maldonado.

Por su parte, el abogado Nelson Castañeda, director de Seguridad de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), dijo que “se ha percibido una mejoría en el ámbito de control y reducción de incidentes a lo interno, han tenido una mejor capacidad que la Policía Nacional cuando tuvo la administración de los centros penitenciarios, pero el ente encargado es el INP y el plan de transición debe contener las recomendaciones necesarias para que inicien una administración eficaz”.

Sin embargo, el problema es la falta de fortalecimiento de la institución, como la capacitación constante de sus miembros, el suficiente recurso humano y adquisición de nuevas tecnologías en las cárceles, lo que impacta en el funcionamiento del sistema penitenciario que cada vez va en picada.

En el transcurso de su administración, el gobierno otorgó a las fuerzas militares la responsabilidad de reclutar, entrenar y preparar a un contingente de al menos dos mil nuevos custodios para los centros penitenciarios, tal como lo exige la Ley del Instituto Nacional Penitenciario (INP).

Según los registros hasta enero de 2024, se había completado la formación de mil agentes y 26 oficiales penitenciarios.

La gestión de las fuerzas militares, caracterizada por su rigor y disciplina, logró controlar las cárceles del país, luego de que la presidenta Castro declarara de estado de emergencia en los centros penales por distintos episodios de violencia y la fallida intervención de la Policía Nacional, así como de la comisión liderada por la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva.

LA PRENSA Premium analizó los logros, desafíos y progresos experimentados en el sistema penitenciario desde que las fuerzas militares asumieron el control. Además, se identificaron las acciones pendientes que requieren una pronta ejecución para abordar las necesidades críticas de este sector.

El trato de los militares hacia los reclusos fue una de las situaciones más criticadas desde que tomaron el control del sistema carcelario, por el estilo utilizado en el gobierno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, donde los privados eran movilizados con sus manos en la nuca, agachados, descalzos y semidesnudos.

A veces apilados bajo el sol, lo que habría provocado quemaduras de segundo y tercer grado en sus cuerpos, además se reportaron denuncias de que agentes los hacían dormir desnudos en el piso y muchos dijeron haber recibido golpes por las autoridades durante la madrugada.

“Los militares se han ganado la gobernabilidad, pero también deberían ser más prudentes en el respeto a los derechos humanos, ellos no han dado las necesidades básicas a la población privada de libertad”, dijo Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de Derechos Humanos en Honduras (Codeh).

A renglón seguido, cuestionó que “aquí con tener sometidos a los privados de libertad, a eso le llaman gobernabilidad. Gobernabilidad requiere muchas acciones que vayan encaminados hacia la misma protección, hacia la misma rehabilitación del privado de libertad”,

Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, informó a LA PRENSA Premium que durante la administración militar se han registrado dos denuncias por malos tratos, situación que continúa bajo investigación.

Por su parte, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) documentó 165 quejas presentadas en 2023 por personas privadas de libertad, sus familiares y organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Estas quejas abordaban una variedad de temas, incluyendo la violación del derecho a un trato digno, acceso a la atención médica adecuada y condiciones de alojamiento indignas. En lo que va de2024, se han reportado 67 quejas adicionales.

“Lo más importante del papel de los militares es que no se han producido masacres desde que se hicieron cargo -de los centros penales-, ponen orden y a los privados de libertad solo les queda portarse bien”, dijo al respecto el criminólogo Gonzalo Sánchez.

Como el criminólogo, otros expertos y la población en general aplauden la “mano dura” que han puesto los militares en las cárceles, las cuales se habían convertido en escuelas del crimen durante las pasadas administraciones.

Otra de las medidas de las fuerzas militares fue eliminar el uso de dinero en efectivo al interior de los centros penales para los privados de libertad, dado el margen de corrupción que podría traer. Los reclusos comenzaron a usar cupones para adquirir sus productos en el interior de la cárcel en los comisariatos, pulperías administradas por los militares.

La creación de los también llamados economatos causó molestia en los familiares de los privados de libertad, por el alto costo de los productos dentro de los recintos carcelarios. Según denunciaron, los precios en estos establecimientos eran más elevados que los del mercado exterior.

Clasificación

A través de la solicitud de información SOL-INP-389-2024, se conoció que, hasta el 31 de marzo de 2024, un total de 18,993 personas se encontraban privadas de libertad en los 24 centros penitenciarios del país, siendo 17,889 hombres y 1,104 mujeres.

De estos, 7,489 hombres y 578 mujeres están en condición de procesados, mientras que 9,951 hombres y 519 mujeres están condenados.

Adicionalmente, se identificó que había 43 ciudadanos extranjeros en condición de procesados, junto con tres mujeres, mientras que los extranjeros condenados ascendían a 89 hombres y siete mujeres.

Con una rápida ecuación encontramos que el 42% de la población penitenciaria está en condición de procesados, conviviendo en el mismo ambiente de personas que ya han sido condenadas por diferentes delitos, situación que no ha cambiado desde los últimos años y tampoco en la gestión militar.

En lugar de una clasificación de acuerdo a la condición judicial, la comisión interventora determinó clasificar a los privados de libertad pertenecientes a maras y pandillas, causantes de los disturbios en los centros penales, por lo que los miembros de la MS-13 fueron reubicados en la cárcel de ‘La Tolva’ en Morocelí, El Paraíso, mientras que la Pandilla Barrio 18 fueron trasladados a ‘El Pozo’ en Ilama, Santa Bárbara.

A pesar de que esta medida causó preocupaciones sobre la posibilidad de que las pandillas tomaran el control de los nuevos recintos, la intervención de los uniformados impidió que este temor se materializara.

Hasta la fecha, las autoridades han realizado más de 2,500 traslados de personas privadas de libertad a distintos centros penitenciarios. Entre los traslados más recientes se encuentran los reclusos de la MS-13 conocidos como ‘pesetas’, término utilizado para referirse a aquellos que han abandonado las filas de las maras. Estos individuos han sido trasladados desde la cárcel de ‘La Tolva’ a la cárcel de ‘Siria’, destinada a reclusos que no tienen afiliación con grupos criminales

Sin embargo, según un grupo de privados de libertad que hablaron con LA PRENSA Premium, este traslado tiene una motivación diferente y es que la Mara Salvatrucha busca apoderarse de la cárcel de Siria, y los trasladados son, en realidad, miembros activos de esta organización criminal.

LA PRENSA Premium intentó comunicarse con el director del INP, Ramiro Muñoz, y con José Coello, portavoz de las FFAA, para consultar al respecto, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

El año pasado, este medio constató que las actividades de rehabilitación y reinserción en las cárceles de máxima seguridad no se habían implementado en los primeros seis meses de la administración militar, información que fue confirmada por el coronel Muñoz en entrevista exclusiva con este medio.

Pero a inicios de 2024, los militares anunciaron el programa de las 3R’s: Rehabilitación, Reeducación para una Reinserción Social para las personas privadas de libertad en los 24 centros penales del país, una actividad que ha sido vista con buenos ojos por varios sectores.

Por otro lado, la problemática de la sobrepoblación en las cárceles sigue siendo una realidad alarmante. A pesar de que la presidenta Castro anunció a través del PCM 29-2023, la construcción de una cárcel de máxima seguridad en Islas del Cisne y la finalización de la construcción del centro penal de Naco, departamento de Cortés, ambos proyectos no han sido ejecutados.

Actualmente, Támara se destaca como uno de los centros penitenciarios que ha enfrentado las peores condiciones en los últimos años. A pesar de tener una capacidad designada para albergar a 2,500 reclusos, actualmente alberga a 4,070 personas privadas de libertad.

Este panorama se repite en el centro penal de Siria, ubicado en El Porvenir, donde la capacidad máxima es para 2,000 privados de libertad, sin embargo, la población reclusa asciende a 2,444.

De manera similar, en ‘La Tolva’, en Morocelí, El Paraíso, la situación es crítica, con una capacidad para 1,336 privados de libertad y una población actual de 1,743.

En el caso de Pnfas, hay una capacidad para 500 reclusas, pero actualmente alberga a 761 mujeres privadas de libertad.

Al respecto, las autoridades militares priorizaron en la preliberación de reclusos como una medida para disminuir el congestionamiento carcelario e identificar a los reclusos que ya habían cumplido el total de su pena, quienes optan para libertad condicional y quienes tienen enfermedades mentales o terminales.

De acuerdo a la solicitud de información SOL-INP-390-2024, actualmente hay 783 privados de libertad diagnosticados que cumplen con los requisitos para su debida preliberación. Además, durante la gestión de las fuerzas militares se beneficiaron con la preliberación 1,034 privados de libertad.

El 20 de junio de 2023 quedará grabado en la memoria colectiva como un día bañado en sangre y horror debido a la masacre sin precedentes que segó la vida de 46 mujeres en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (Pnfas), ubicada en Támara, al norte del Distrito Central.

La magnitud de la carnicería (cráneos destrozados, cadáveres apilados y calcinados, junto con otros cuerpos que mostraban múltiples heridas de bala) estremeció al país entero y desató un profundo cuestionamiento sobre la capacidad de la Policía Nacional para garantizar la seguridad y el bienestar en el sistema penitenciario.

En respuesta a este desgarrador suceso, la presidenta Xiomara Castro declaró estado de emergencia y decidió retirar el mando de los centros penales de manos de la Policía Nacional para delegar esta responsabilidad a la Policía Militar del Orden Público (PMOP) desde el 1 de julio del año pasado.

La intervención militar comenzó con una estricta requisa en las cárceles de Ilama, Santa Bárbara, denominado como “El Pozo”; Morocelí, El Paraíso “La Tolva; Támara, El Porvenir y Pnfas. Se realizaron decomisos de armas de grueso calibre, drogas, municiones y aparatos eléctricos de uso prohibido, todos valorados en más de 212 millones de lempiras.

La masacre fue solo la culminación de una serie de eventos que evidenciaban el deterioro alarmante de la seguridad dentro de las cárceles. Semanalmente se registraban intercambios de disparos entre bandas rivales (miembros de la Pandilla Barrio 18 y la Mara Salvatrucha MS-13).

Además, las fiestas y celebraciones en los módulos, donde se permitía la presencia de música, comida y hasta teléfonos celulares, ilustraban la falta de control y supervisión en el sistema penitenciario.

”El simple hecho de que se quite la corrupción de los centros penales ya es un enorme avance, que luchemos por el bienestar del privado de libertad es un enorme avance, vemos las instalaciones es perfecto que podamos crear programas de reinserción muy bien, que integremos inteligencia artificial en los centros penales es muy bueno, esto cambia o cambia no hay retroceso”, dijo Ramiro Fernando Muñoz, director del INP.

En este contexto, la continuidad del control del sistema penal por parte de los militares no solo se debe a su firmeza en la gestión, sino también a los programas sociales implementados en beneficio de las personas privadas de libertad y proyectos en proceso por ejecutar, confirmaron fuentes a LA PRENSA Premium.