Jubilados y asalariados mayores no alcanzan para préstamos de casa en bancos

San Pedro Sula, Honduras.

El acceso a préstamos bancarios está sujeto a diversas condiciones del mercado, lo que representa un desafío significativo para aquellos que, especialmente en su vejez, aspiran a adquirir o mantener una vivienda, un derecho fundamental para cualquier persona en el mundo.

Es una realidad que enfrentan 1,188,312 hondureños que representa la población de 60 años o más, según el último informe de caracterización del Instituto Nacional de Estadística (INE) en Honduras proporcionado a LA PRENSA Premium,

Para los bancos, al otorgar un préstamo, lo primordial es asegurar la recuperación del dinero. Por ello, la edad se considera uno de los factores de riesgo más importantes, lo que lleva a los bancos a establecer una edad máxima para la concesión de préstamos; sin embargo, expertos ven una falla en el sistema: debe prevalecer el nivel de ingreso, la capacidad de pago y sus garantías por encima de su edad.

La tercera o cuarta edad en Honduras tienen una marcada tendencia femenina (56% son mujeres). La mayoría de las personas en este grupo de edad residen en zonas rurales del país. Aunque los precios de las propiedades en estas áreas suelen ser relativamente más bajos en comparación con las ciudades, los ingresos también son insuficientes en muchas ocasiones. Apenas el 8.57% de las personas mayores viven en San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante del país.

De acuerdo con la última Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, la población económicamente activa de 60 años y más alcanza las 386,850 personas, lo que representa un 95.8% de ocupación y solo un 4.4% de desempleo. Del total, el 71.7% trabaja en el sector privado, mientras que el 12.1% desempeña labores domésticas como empleados.

El ingreso mensual promedio de la población asalariada es de 6,765 lempiras, destacando que los empleados públicos son quienes reciben los ingresos más altos, con un promedio de 14,537 lempiras.

Sin acceso al sistema financiero, estas personas se ven obligadas a recurrir a alternativas menos seguras, como prestamistas, exponiéndose así a posibles fraudes o a tasas de interés desproporcionadamente elevadas, del 20% o más, que son impagables.

Para los bancos, al otorgar un préstamo, lo primordial es asegurar la recuperación del dinero. Por ello, la edad se considera uno de los factores de riesgo más importantes, lo que lleva a los bancos a establecer una edad máxima para la concesión de préstamos.

Especialistas en las áreas de crédito de diversos bancos del país comentaron a este medio de comunicación que, en lo que respecta a los préstamos para vivienda, la edad máxima para la aprobación se sitúa entre los 69 y 85 años, dado que hasta esa edad las aseguradoras consideran asegurables a los ciudadanos mayores. Esta disposición se aplica dentro del marco de la cobertura de seguro interno, siempre y cuando la persona demuestre contar con ingresos suficientes y debidamente verificables.

El plazo del préstamo varía considerablemente según la edad del solicitante. Además, se requiere que este demuestre tener ingresos estables, ya sea provenientes de jubilación, salario como empleado o de un negocio propio.

Para el financista Elfren Matute, los bancos establecen políticas crediticias que impactan en la calidad de vida promedio de los hondureños. “Existe una discriminación evidente cuando se considera a las personas de la tercera o cuarta edad como de alto riesgo crediticio, esto es injusto, ya que nadie puede predecir cuántos años va a vivir, y las personas fallecen a todas las edades”.

La persona joven se encuentra catalogada dentro de la población activamente productiva, mientras que se tiende a considerar a los adultos mayores como parte de una población pasiva en términos de productividad.

Algunos bancos se centran más en el sector empresarial y en una cartera de clientes más joven, mientras que otros se orientan hacia la infraestructura y la vivienda sin centralizarse en un sector poblacional específico. Cada banco tiene una segmentación y políticas internas para orientar sus créditos.

Normalmente, los adultos mayores están en etapa de jubilación, lo que limita su flujo de ingresos según los estándares de los bancos. Mientras que para los más jóvenes, los bancos evalúan con mayor flexbilidad sus flujos de efectivo para determinar la elegibilidad para préstamos. Esta disparidad en el tratamiento financiero afecta desproporcionadamente a los adultos mayores, quienes son vistos como menos productivos en comparación con la población más joven.

Los plazos de reembolso para los adultos mayores suelen ser más cortos, con un promedio de cinco a 10 años, a pesar de que las tasas de interés son las mismas. Esto dificulta aún más la capacidad de los adultos mayores para acceder a préstamos asequibles.

Para calificar para un préstamo, el ingreso de una persona debe estar por encima del salario mínimo, lo que excluye a muchos adultos mayores cuyos ingresos son considerablemente bajos. De acuerdo con tablas de la Secretaría de Trabajo, el salario mínimo promedio en Honduras para 2024 es de 13,156.53 lempiras mensuales, 438.55 lempiras diarios y 54.82 lempiras por hora.

El monto máximo promedio puede considerarse fuera del alcance de muchos, dado el nivel de los salarios, que suelen ser muy bajos y deben superar el salario mínimo. Para poder aplicar, es necesario ganar al menos un salario mínimo y medio, que oscila entre 21,000 y 25,000 lempiras.

Aquellos que tienen jubilación pueden tener alguna capacidad para adquirir bienes por su dinero ahorrado, inyectando una buena parte de su dinero y consiguiendo lo mínimo a través de un financiamiento, pero aquellos que carecen de esta protección social quedan prácticamente excluidos del sistema financiero tradicional.

Las cooperativas cumplen una función más social al permitir que las personas ahorren de manera colaborativa y accedan a opciones de financiamiento más flexibles; sin embargo, incluso con estas alternativas, muchos adultos mayores no pueden adquirir una vivienda debido a la falta de planificación durante sus años productivos o a las circunstancias de desigualdad social.

En el caso de los bancos, aparte de los requisitos habituales, todo está sujeto a lo que determinen las aseguradoras con las que trabajan en alianza. Por ejemplo, el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) actúa como un intermediario de segundo piso, colaborando con los bancos establecidos. Todos los préstamos se canalizan a través de los bancos de primer piso.

A pesar de la disponibilidad de fondos de Banhprovi con intereses más bajos y una variedad de opciones de vivienda, la cuota mensual requerida para una vivienda social, por ejemplo, suele rondar los 6,000 lempiras, esto representa un porcentaje significativo, entre el 20% y 25%, de los ingresos de la persona. Por lo tanto, sería necesario tener un ingreso mensual superior a los 20,000 lempiras para poder calificar.

Lo anterior no coincide con lo que gana el grueso poblacional hondureño o el adulto mayor, por lo que resulta prácticamente imposible acceder a préstamo bancario de este tipo.

“Es esencial que se implementen políticas públicas más efectivas para garantizar la equidad financiera y el acceso a viviendas dignas para todas las personas, independientemente de su edad. Esto implica no solo una revisión de las políticas crediticias de los bancos, sino también una intervención gubernamental más sólida para abordar las disparidades socio-económicas existentes”, urgió Matute.

Desde los gobiernos que han administrado el país ha habido programas aislados que han proporcionado algunas viviendas sociales a personas necesitadas que pasan por su vejez, pero su alcance ha sido limitado.

Sandra Zambrano, directora del Adulto Mayor en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), manifestó que como institución están llevando a cabo intervenciones en todo el país a fin de colaborar estrechamente con las necesidades de personas de edad avanzada.

“Estamos abordando la problemática de los adultos mayores en situación de calle, realizando estudios socio-económicos y, en caso de que no tengan familia, gestionando su ingreso a hogares donde puedan recibir atención adecuada. Actualmente, la Dirección General no cuenta con suficientes hogares, los únicos dos disponibles, en San Felipe y San Pedro Sula, están a capacidad máxima”, apuntó la funcionaria.

Zambrano pormenorizó que están trabajando en la elaboración de una política pública nacional para proteger a las personas mayores, así como en la implementación de un programa de asistencia económica destinado a cubrir sus gastos médicos y de alimentación, pero no hay un plan para mitigar la exclusión en temas crediticios.

Aparte, están en marcha clubes comunitarios para personas adultas mayores, donde las fuerzas vivas de la comunidad se comprometerán a satisfacer las necesidades particulares de este grupo.

En otros países de la región existe una menor desigualdad y se implementan leyes de protección más efectivas. Las personas tienen acceso a seguro médico, seguridad social y políticas públicas específicas para cada segmento de la población, desde el inicio de su vida productiva. Además, las tasas de interés suelen ser más bajas y existe un mayor equilibrio entre los salarios y la canasta básica, mientras que en Honduras la canasta básica supera prácticamente el salario mínimo.

Según ironizó el economista Carlos Urbizo, todos tienen acceso al crédito hasta el día de su fallecimiento; lo que importa son las garantías para asegurar la recuperación del préstamo. Urbizo cuestionó la práctica de discriminar a personas de 60 o 70 años y establecer plazos de pago hasta los 75 años, ya que muchos de ellos son personas mayores y considera que esto constituye una forma de discriminación.

Inmediatamente después, señaló: “Eso carece de lógica. Si estoy ofreciendo mi casa como garantía, ¿qué diferencia hay si fallezco hoy o en 20 años? Si no cumplo con los pagos, el banco simplemente la adquiere; esa no debería ser una excusa. Cualquier persona puede solicitar un préstamo siempre y cuando tenga la capacidad financiera para pagarlo. Además, en el caso de mi fallecimiento, existe un seguro de vida, así como seguros de deuda ofrecidos por diversas compañías”.

El analista económico destacó la importancia de buscar soluciones en lugar de simplemente rechazar solicitudes debido a la edad, ya sea por tener más de 60 o 75 años.

Enfatizó que la aprobación de un préstamo depende del nivel de ingresos del solicitante y que el monto otorgado se determina en función de su capacidad de pago y las garantías que pueda ofrecer. “Si el solicitante vive con sus hijos, puede disponer de todo su salario, pero si vive solo o con su cónyuge, es posible que el dinero no alcance”, explicó Urbizo, subrayando la importancia de evaluar el ingreso y las responsabilidades financieras del individuo. Además, identificó el salario promedio de los hondureños en este rango de edad como un factor crucial en esta evaluación.

“En esta situación, lo que prima es la tiranía del vendedor en lugar de la soberanía del consumidor. Es fundamental asegurar que la persona tenga la capacidad de pago, ya sea con un automóvil u otro activo, y brindarle la oportunidad de utilizar sus propias garantías. Considero que la discriminación más evidente se presenta en los préstamos convencionales, no necesariamente en los hipotecarios. Sin embargo, el problema principal radica en la discriminación que enfrentan las personas mayores al intentar adquirir seguros”, concluyó.

Dentro del marco de propuestas factibles de los expertos está la implementación de políticas gubernamentales que brinden apoyo financiero específico para adultos mayores que desean comprar una vivienda en la última etapa de sus vidas. Esto podría incluir programas de préstamos con condiciones favorables y subsidios para aquellos con ingresos limitados.

Además, es fundamental que los bancos revisen sus políticas de préstamos y eliminen cualquier forma de restricción por edad. En su lugar, deberían evaluar la capacidad de pago de los solicitantes de préstamos de manera justa y equitativa.