El Gobierno de Nicaragua cumple más de dos semanas de retraso en la publicación de los terrenos afectados por la construcción del Gran Canal Interoceánico, el faraónico proyecto destinado a sacar al país de la pobreza, pero que amenaza con provocar el peor estallido social desde la caída de Somoza. Tampoco se han publicado los estudios de impacto ambiental o económico. El oscurantismo del Gobierno está alimentando las suspicacias de los más recelosos con la megaobra. Para el sábado está convocada una nueva manifestación, la número 11, contra los planes del Gobierno.
Estudio. Las primeras voces que surgieron en contra fueron las de los ambientalistas. El Centro de Estudios Alexander Von Humboldt publicó un informe donde calificaba como “inviable” el proyecto por los graves daños socioambientales que va a causar. Maura Madriz, oficial de Incidencia en Políticas Públicas Ambientales, asegura, a Diario LA PRENSA, que la construcción del canal afectará a dos reservas de la biosfera y a tierras comunales pobladas por indígenas. Además, causará graves daños al lago Cocibolga, la mayor fuente de agua potable de Centroamérica. El presidente Daniel Ortega declaró recientemente que “el lago ya está contaminado”, una opinión que “sorprende” a Madriz. “Hay un cierto grado de contaminación por falta de tratamiento de aguas residuales, pero varios municipios se abastecen directamente. Y más de 1,500 pescadores viven de él”. “El que está contaminado es Daniel Ortega” afirma, a Diario LA PRENSA, un concejal del Partido Liberal Independiente (PLI) en el municipio de Altagracia, en la isla de Ometepe.
Expropiaciones. Ante el silencio del Gobierno, el Centro Van Humboldt calcula que más de 100,000 personas podrían ser expropiadas. Esa es la gran preocupación de los manifestantes. Muchos temen perderlo todo a pesar de que el Gobierno ha repetido en múltiples ocasiones que va a pagar un precio justo. Pero aquí, nuevamente, surgen dudas. Cuenta Madriz que “la concesionaria puede elegir los terrenos que quiera y el Estado tiene la obligación de entregárselos. El inquilino tiene la obligación de salir en 30 días del terreno, sin embargo, la concesionaria tiene un plazo de entre tres meses y diez años para pagar. Además, el Gobierno no se hace responsable de ningún impago, ya que considera todo el proceso un acuerdo entre privados”. Desde Ometepe, una de las dos reservas de la biosfera amenazadas, lanzan un mensaje contundente: “nos tendrán que sacar muertos”.
