Tegucigalpa, Honduras.
Las reformas al Código Penal, que dan luz verde a la aplicación de la cadena perpetua a los asesinos de operadores de justicia, ya son ley de la república, al ser publicado el decreto en el diario La Gaceta.
A partir de esta publicación, los órganos del Estado tendrán la capacidad de investigar, capturar y judicializar aquellos casos que antes no estaban tan desarrollados como ahora.
En esta reforma ha quedado claro que el delito de extorsión es del orden público, eso significa que no se requiere que alguien denuncie para que ahora los operadores procedan.
Las reformas fueron aprobadas por el Congreso en una sesión a puertas cerradas. Se trata de los artículos 116, 122, 322, 323 del Código Penal.
Con la abstención de 15 diputados de Libre se incrementaron las penas por los delitos de magnicidio, conspiración, atentados contra los operadores de justicia y se tipificaron nuevas figuras del homicidio y asesinato cualificado. Las medidas que van desde penas de 30 a 40 años hasta privación de libertad de por vida (cadena perpetua) están orientadas a castigar severamente a quienes atenten o den muerte a operadores de justicia, presidentes de los tres poderes del Estado y familiares de estos.
Se incluyó entre los altos funcionarios al administrador de la Oficina Administradora deoIncautados (Oabi), a los testigos protegidos y diputados al Congreso Nacional. Este proceso de reformas ha ido acompañado de la más efectiva cacería de las principales cabecillas del narco hondureño.
Existe toda una política por parte del Estado para desvanecer el crimen organizado que trafica con cocaína y otras drogas, sobre todo, los sectores instituidos dentro del territorio nacional.
Sin embargo, la verdadera intención es desarticular a los que durante décadas manejaron el tránsito de drogas a México y Estados Unidos para acentuar a los sectores vinculados con el propio Estado, y de esa manea lograr el control absoluto de los negocios ilícitos.
Las reformas al Código Penal, que dan luz verde a la aplicación de la cadena perpetua a los asesinos de operadores de justicia, ya son ley de la república, al ser publicado el decreto en el diario La Gaceta.
A partir de esta publicación, los órganos del Estado tendrán la capacidad de investigar, capturar y judicializar aquellos casos que antes no estaban tan desarrollados como ahora.
En esta reforma ha quedado claro que el delito de extorsión es del orden público, eso significa que no se requiere que alguien denuncie para que ahora los operadores procedan.
Las reformas fueron aprobadas por el Congreso en una sesión a puertas cerradas. Se trata de los artículos 116, 122, 322, 323 del Código Penal.
Con la abstención de 15 diputados de Libre se incrementaron las penas por los delitos de magnicidio, conspiración, atentados contra los operadores de justicia y se tipificaron nuevas figuras del homicidio y asesinato cualificado. Las medidas que van desde penas de 30 a 40 años hasta privación de libertad de por vida (cadena perpetua) están orientadas a castigar severamente a quienes atenten o den muerte a operadores de justicia, presidentes de los tres poderes del Estado y familiares de estos.
Se incluyó entre los altos funcionarios al administrador de la Oficina Administradora deoIncautados (Oabi), a los testigos protegidos y diputados al Congreso Nacional. Este proceso de reformas ha ido acompañado de la más efectiva cacería de las principales cabecillas del narco hondureño.
Existe toda una política por parte del Estado para desvanecer el crimen organizado que trafica con cocaína y otras drogas, sobre todo, los sectores instituidos dentro del territorio nacional.
Sin embargo, la verdadera intención es desarticular a los que durante décadas manejaron el tránsito de drogas a México y Estados Unidos para acentuar a los sectores vinculados con el propio Estado, y de esa manea lograr el control absoluto de los negocios ilícitos.
