Tegucigalpa, Honduras.
La junta interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) dio un paso arriesgado pero fundamental en el rescate de las finanzas de esa institución de previsión social marcada por el saqueo y el descalabro al que la sometieron en los últimos cuatro años el exdirector Mario Roberto Zelaya y sus secuaces.
Como parte de las medidas para estabilizar financieramente el IHSS, los miembros de la interventora resolvieron finiquitar los contratos con las empresas Distribuidora Metropolitana, S.A. (Dimesa), y Sistemas Abiertos, S.A., responsables del proyecto de suministros de equipo y materiales médicos y del fracasado proyecto de Modernización Financiera y Hospitalaria (MOFIHSS).
En septiembre de 2014, la junta ya había hecho lo mismo con la Compañía de Servicios Múltiples, S. de R.L. (Cosem), encargada del programa de digitalización, depuración, automatización y sistematización de archivos y bases de datos de planillas y tarjetas de afiliación de la cuenta individual del IHSS.
Los contratos adjudicados a estas tres firmas representaron una erogación global de 187.6 millones de dólares, equivalentes a unos 3,920 millones de lempiras al cambio actual.
En su primer informe de auditoría, la interventora aseguró que estos contratos estaban sobrevalorados en más de un 40% respecto a los precios reales de mercado, con el agravante de que, en algunos de los casos, los servicios y suministros contratados no finalizaron o no llegaron al IHSS, señala el documento.
Roberto Carlos Salinas, miembro de la junta, confirmó que la derogación unilateral de estos convenios representará un ahorro de más de 100 millones de dólares, es decir, 2,000 millones de lempiras en dinero que ya no se pagará y en activos recuperados.
Aunque hay investigaciones en curso por estas adjudicaciones, Salinas dijo que solo se trató de una medida administrativa; siguen abiertos los demás procesos e indagaciones para encontrar posibles responsables.
“La interventora canceló unilateralmente los contratos y los adecuó de conformidad con los informes de organismos internacionales como UNOPS (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos)”, explicó.
Dijo que solo el contrato de Dimesa representó un ahorro de 60 millones de dólares y los de Cosem y Sistemas Abiertos más de 30 millones.
La junta interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) dio un paso arriesgado pero fundamental en el rescate de las finanzas de esa institución de previsión social marcada por el saqueo y el descalabro al que la sometieron en los últimos cuatro años el exdirector Mario Roberto Zelaya y sus secuaces.
Como parte de las medidas para estabilizar financieramente el IHSS, los miembros de la interventora resolvieron finiquitar los contratos con las empresas Distribuidora Metropolitana, S.A. (Dimesa), y Sistemas Abiertos, S.A., responsables del proyecto de suministros de equipo y materiales médicos y del fracasado proyecto de Modernización Financiera y Hospitalaria (MOFIHSS).
En septiembre de 2014, la junta ya había hecho lo mismo con la Compañía de Servicios Múltiples, S. de R.L. (Cosem), encargada del programa de digitalización, depuración, automatización y sistematización de archivos y bases de datos de planillas y tarjetas de afiliación de la cuenta individual del IHSS.
Los contratos adjudicados a estas tres firmas representaron una erogación global de 187.6 millones de dólares, equivalentes a unos 3,920 millones de lempiras al cambio actual.
En su primer informe de auditoría, la interventora aseguró que estos contratos estaban sobrevalorados en más de un 40% respecto a los precios reales de mercado, con el agravante de que, en algunos de los casos, los servicios y suministros contratados no finalizaron o no llegaron al IHSS, señala el documento.
Roberto Carlos Salinas, miembro de la junta, confirmó que la derogación unilateral de estos convenios representará un ahorro de más de 100 millones de dólares, es decir, 2,000 millones de lempiras en dinero que ya no se pagará y en activos recuperados.
Aunque hay investigaciones en curso por estas adjudicaciones, Salinas dijo que solo se trató de una medida administrativa; siguen abiertos los demás procesos e indagaciones para encontrar posibles responsables.
“La interventora canceló unilateralmente los contratos y los adecuó de conformidad con los informes de organismos internacionales como UNOPS (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos)”, explicó.
Dijo que solo el contrato de Dimesa representó un ahorro de 60 millones de dólares y los de Cosem y Sistemas Abiertos más de 30 millones.
