Tegucigalpa, Honduras.
La palillona Ilsa Vanessa Molina puede enfrentar una pena de 15 a 20 años de reclusión en caso de comprobarse su culpabilidad en el lavado de activos que le imputa el Ministerio Público por la sustracción ilegal de 9.2 millones de lempiras del Instituto Hondureño de Seguridad Social (Ihss).
“Ella tiene que ser capturada o en su efecto presentarse voluntariamente a los tribunales para la audiencia de declaración de imputado”, manifestó Lorena Cálix, portavoz de la Fiscalía contra la Corrupción.
Una vez que la exmodelo sea capturada será presentada ante el organismo que emitió la orden de captura para que se celebre la audiencia de declaración de imputado, en la que asiste el Ministerio Público, la defensa del incriminado y el imputado.
En ese momento se le darán a conocer las razones por las que se le da orden de captura, los hechos que se le están imputando y la medida que el juez estime aplicarle.
Por lo pronto, el paradero de la amante del exjefe de Compras del Ihss José Alberto Zelaya es desconocido y ni siquiera su defensor conoce su domicilio actual.
LA PRENSA se comunicó con Héctor Durán, apoderado legal de Molina, quien aseguró que perdió contacto con Molina y su familia, por lo que desconoce si la seguirá representando legalmente.
“La familia no se ha puesto en comunicación conmigo, no sé si me van a contratar a mí. Estuve en la primera etapa, pero no sé si me van contratar ahora. De las acciones que ella ahora va a hacer no se absolutamente nada”, afirmó Durán.
Cuando salió a la luz la vinculación de Molina en la quiebra del Seguro Social, la palillona accedió a hablar con LA PRENSA y aseveró que tenía documentación que respaldaba que las transacciones de la empresa Insumedic, de la cual era representante, fueron lícitas y que sí había entregado los productos médicos. “La empresa entregó todas las órdenes y yo en mi informe interno de Insumedic tengo donde aparecen los datos. No son inventos míos y esta información está en los datos del Seguro Social, la junta interventora dice que no hay datos y sí los hay”, justificó en aquel entonces.
La palillona Ilsa Vanessa Molina puede enfrentar una pena de 15 a 20 años de reclusión en caso de comprobarse su culpabilidad en el lavado de activos que le imputa el Ministerio Público por la sustracción ilegal de 9.2 millones de lempiras del Instituto Hondureño de Seguridad Social (Ihss).
“Ella tiene que ser capturada o en su efecto presentarse voluntariamente a los tribunales para la audiencia de declaración de imputado”, manifestó Lorena Cálix, portavoz de la Fiscalía contra la Corrupción.
Una vez que la exmodelo sea capturada será presentada ante el organismo que emitió la orden de captura para que se celebre la audiencia de declaración de imputado, en la que asiste el Ministerio Público, la defensa del incriminado y el imputado.
En ese momento se le darán a conocer las razones por las que se le da orden de captura, los hechos que se le están imputando y la medida que el juez estime aplicarle.
Por lo pronto, el paradero de la amante del exjefe de Compras del Ihss José Alberto Zelaya es desconocido y ni siquiera su defensor conoce su domicilio actual.
LA PRENSA se comunicó con Héctor Durán, apoderado legal de Molina, quien aseguró que perdió contacto con Molina y su familia, por lo que desconoce si la seguirá representando legalmente.
“La familia no se ha puesto en comunicación conmigo, no sé si me van a contratar a mí. Estuve en la primera etapa, pero no sé si me van contratar ahora. De las acciones que ella ahora va a hacer no se absolutamente nada”, afirmó Durán.
Cuando salió a la luz la vinculación de Molina en la quiebra del Seguro Social, la palillona accedió a hablar con LA PRENSA y aseveró que tenía documentación que respaldaba que las transacciones de la empresa Insumedic, de la cual era representante, fueron lícitas y que sí había entregado los productos médicos. “La empresa entregó todas las órdenes y yo en mi informe interno de Insumedic tengo donde aparecen los datos. No son inventos míos y esta información está en los datos del Seguro Social, la junta interventora dice que no hay datos y sí los hay”, justificó en aquel entonces.
