San Pedro Sula. El excoordinador regional del Ministerio Público Rafael Augusto Fletes compareció ayer a una audiencia de declaración de imputado en el Juzgado Unificado de lo Penal por un proceso penal que se le sigue por abuso de autoridad.
A la audiencia también se presentó la fiscal Susan Griselda Molina, acusada por el mismo delito, la que actualmente está asignada a la Fiscalía de la Mujer. Según la acusación del Ministerio Público, Fletes con Molina incurrieron en el delito de abuso de autoridad al entregar un lote de 1,200,000 pastillas de pseudoefedrina decomisadas en junio de 2008 en un operativo en la aduana La Mesa en el aeropuerto de San Pedro Sula.
El cargamento venía en diez cajas de cartón con varios botes de plástico, cada uno con diez bolsas de pastillas, e ingresó al país procedente de La Paz, Bolivia, y según la acusación, los imputados que en ese año eran el coordinador regional de la Fiscalía y fiscal contra el Crimen Organizado entregaron la mercancía a sus dueños.
La Fiscalía contra la Corrupción pidió suspender de su cargo a la fiscal Molina, pero el juez que conoció la causa dictó medidas sustitutivas distintas a la prisión preventiva, es decir, la prohibición de salir del país, presentación periódica a los tribunales y permanecer bajo vigilancia de los abogados. La misma medida le fue dictada a Fletes.
Acusación sin fundamento
Fletes explicó que se le presentó un requerimiento fiscal por abuso de autoridad, ya que cuando fungió como coordinador de fiscales en la zona norte firmó un documento avalando la entrega de un cargamento de pseudoefedrina utilizada para la fabricación de droga sintética en junio de 2008. “Cuando entró en vigencia la ley establecía que toda pseudoefedrina que había sido importada anteriormente a la ley tenía un plazo de 60 días para que pudiera ser vendida, comercializada y en este caso fue decomisada y durante el tiempo ese, los dueños solicitaron la devolución y la abogada la entregó y yo como coordinador de ella le di el visto bueno nada más”, dijo el profesional del derecho, quien el pasado 18 de diciembre fue absuelto en un juicio oral y público acusado por la institución en la cual trabajó, por lavado de activos y tráfico de drogas.
“Es una situación que no sé cómo llamarlo, si fue un requerimiento para presionar antes de que se diera el fallo absolutorio; pero sí es una situación incorrecta jurídicamente hablando porque es un abuso de autoridad en vista de que yo firmé una resolución en 2008.
Vamos a tener que pedir protección de los Derechos Humanos, desde que se dio la sentencia absolutoria dije que era una persecución”, señaló Fletes.
