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Policías y agentes sospechosos de robo

  • 08 diciembre 2008 /

Agentes de la Dgic y el Ministerio Público, MP, son los principales sospechosos por el robo en el almacén de evidencias el sábado pasado en San Pedro Sula.

    Agentes de la Dgic y el Ministerio Público son los principales sospechosos por el robo en el almacén de evidencias el sábado pasado en San Pedro Sula afirmó su coordinador de la Fiscalía Rafael Augusto Fletes.

    El abogado Manuel López, agente fiscal asignado a la Fiscalía contra el Crimen Organizado calificó como un caso raro el robo de evidencias que sujetos aún no identificados perpetraron la madrugada del sábado en el edificio del Ministerio Público, MP.

    López basa su argumento en que no hay puertas forzadas, candados violados ni cicatrices en los brazos de los guardias de un empresa privada que vigilan el edificio.

    Según el funcionario, es necesario que el fiscal contra la Corrupción tome cartas en el asunto. No es la primera vez que se pierden pruebas de casos específicos, donde nunca se han dado a conocer sanciones para nadie.

    Otra observación del fiscal es el hecho de que a pesar de la importancia de las pruebas, no existe vigilancia por medio de cámaras de video ni alarmas electrónicas en el inmueble que alberga las dependencias fiscales, localizado en la avenida Lempira.

    Rafael Fletes, coordinador del MP, dijo que los malvivientes ataron a los guardias, hicieron un boquete en la pared para ingresar a la bóveda de donde sustrajeron armas de fuego, joyas y dinero.

    La Dirección Nacional de Investigación Criminal negó tener información del robo. 'Aún no lo han reportado', dijo uno de los agentes.

    El agente consultado dijo que es a la Fiscalía a quien le corresponde llevar una investigación sobre lo sucedido, precisamente por las implicaciones que tiene el suceso.

    La justicia queda obstruida porque sin pruebas no hay fallo posible, dijo un litigante.

    Ningún juez se atreverá a dictar sentencias por presunciones. Las pruebas, así como las pericias ejecutadas en el curso de un proceso judicial, son las que finalmente les dan a los jueces las armas indubitables para hacer justicia'.