Más de L800 millones incautaron a los “Cachiros”

Las propiedades incautadas a los hermanos Rivera Maradiaga apenas representan el 10% de todo lo que adquirieron en actividades ilícitas, según las FF AA

Tegucigalpa, Honduras.

Las incautaciones que ejecuta la Fiscalía de Privación de Dominio en Honduras buscan quitar poder y debilitar las estructuras del narcotráfico.

La medida es un duro golpe sicológico que pone en jaque las riquezas que obtienen de manera ilícita los narcos; pero en el caso de los Cachiros, lo incautado, según inteligencia de las Fuerzas Armadas, no es ni el 10% de lo que en realidad poseen.

“Los bienes que se incautaron apenas son una mínima parte de todo lo que el grupo obtuvo a lo largo de las actividades ilícitas.

Resulta difícil vincularlo porque colocaron la mayoría de las propiedades a nombre de testaferros y conectar esos bienes con ellos requiere meses de investigación”, expresó un agente de inteligencia.

Entre 2013 y 2014, tres operativos se dirigieron contra los Cachiros, los que dejaron haciendas con piscinas, lujos, mansiones, empresas, hoteles y edificios asegurados.

En total, la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi) administra 11 casas, dos edificios, dos hoteles, cinco haciendas, dos lotes, una cuartería, un zoológico y un complejo ecoturístico ligados al clan de Colón.

Las operaciones Neptuno 1 y 2, ejecutadas en septiembre y octubre de 2013 y Contacto con la Naturaleza en noviembre de 2014, buscaban despojar de 128 bienes a la familia Rivera, pero, sorpresivamente, la Fiscalía ordenó detener las incautaciones porque encontraron vacíos los inmuebles.

“Uno de los motivos por los que se decidió no continuar las incautaciones fue porque se buscaba encontrar documentación en las propiedades para conectar con otras pistas o nexos en el caso y al estar vacíos no había pistas nuevas”, afirmó uno de los técnicos del Ministerio Público.

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Los bienes

La expropiación definitiva de bienes es un proceso que busca determinar cómo fue obtenido ese bien.

De acuerdo con la legalidad de los mismos, la Fiscalía determina tras un trabajo de investigación de varios meses cuáles son los bienes producto de las operaciones ilícitas que en este caso adquirieron los Rivera Maradiaga en Honduras.

“A los Cachiros se les investigó y se procedió al aseguramiento en aquellas propiedades que no se logró demostrar el origen legítimo, de ley, con dinero bien habido. Esos son los bienes que pasaron a ser administrados por el Estado”, explicó un fiscal.

Las incautaciones buscan debilitarlos, por tal razón los miembros de las organizaciones criminales se preparan y buscan allegados, familiares o particulares para que sean sus “prestanombres” y colocar las propiedades y negocios a nombre de terceros.

Seguir el rastro del dinero ilícito y desmantelar la estructura financiera del crimen organizado no es una tarea fácil. Son meses, incluso años de investigación, pero una vez que se da con él, su control es preciso.

La principal actividad de los Cachiros fue el lavado de dinero, cantidades millonarias, que las volvieron legales.

“El dinero que se incauta del narcotráfico en estas operaciones, en el caso de los Rivera, pasará al Estado. Antes se agotarán las instancias para que esos bienes y recursos queden bajo la custodia del Estado a la espera de un fallo judicial”, dijo un fiscal.

Las incautaciones. Las propiedades que se les aseguró a los Cachiros entre 2013 y 2014 se ubican en los departamentos de Cortés, Colón y Yoro.

La Fiscalía Contra el Crimen Organizado, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN) y la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi) dirigieron sus acciones contra 17 bienes de los 61 que inicialmente les fueron identificados en la Operación Neptuno 1.

La Fiscalía estableció que seis casas, dos hoteles, un complejo de villas, una empresa procesadora de palma africana, tres haciendas, un zoológico, una tienda de ropa, una empresa minera y un negocio de llantas estaban a nombre de la familia Rivera Maradiaga y que los mismos fueron adquiridos con fondos de actividades ilícitas.

Un año después, 115 bienes más se vincularon con el clan, los mismos estaban registrados a nombre de Juan Gómez Meléndez, exgobertador y diputado asesinado en enero del 2015, quien según las investigaciones fue testaferro de los Cachiros.

El costo de lo incautado a los Cachiros, entre bienes y cuentas bancarias supera los 800 millones de lempiras, según la Policía Nacional.

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Extensas tierras de cultivo de palma y haciendas forman parte de los bienes que les incautaron en las operaciones en Colón.

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La Prensa