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Kevin Solórzano seguirá preso y va a juicio oral y público

Es acusado por el asesinato del exfiscal Edwin Eguigure. Defensa presentará reposición.

El universitario tiene siete meses recluido en la Penitenciaría Nacional.
El universitario tiene siete meses recluido en la Penitenciaría Nacional.

Tegucigalpa, Honduras

¿Inocente o culpable? Futuro de Kevin se definirá en juicio oral y público

La defensa presentó un recurso de reposición y el lunes se conocerá la decisión del juez.

A juicio oral y público fue elevada por los Juzgados con Jurisdicción Nacional la causa judicial que se le sigue a Kevin Joshua Solórzano Hernández, acusado por asesinato y tentativa de asesinato.

Solórzano, recluido en la Penitenciaría Nacional desde hace siete meses, es acusado de participar en el asesinato del exfiscal Edwin Eguigure y de intento de asesinato en perjuicio de la esposa del ahora occiso, la fiscal María Auxiliadora, quien después del crimen viajó a Estados Unidos con sus hijos.

Ayer, el juez competente entregó a los defensores y a los fiscales la resolución de la audiencia preliminar celebrada el pasado lunes.

La defensa de Solórzano explicó que la resolución fue dada sin explicar los fundamentos con base en ley para emitir la resolución, ni detallar una relación de hechos y cuáles son los elementos probatorios de la presunta participación del universitario en los delitos incoados en su contra.

VEA: Cronología del caso de Kevin Solórzano

El juez, en un párrafo de 10 líneas, resolvió que el caso sería llevado a juicio oral en el Tribunal de Sentencia.

El documento establece que “la investigación realizada por el Ministerio Público pudo determinar que hay elementos razonables para creer que el hecho (crimen) ha ocurrido y que existen fuertes probabilidades que Kevin Joshua Solórzano Hernández es el autor de dichos hechos, estas razones determinan que existen condiciones para ordenar la apertura a juicio y continuar con el debate”.

En eso se resumen los fundamentos del juez para elevar el caso a juicio oral y público, lo que es criticado por Jair López y Celeste Cerrato, apoderados legales del acusado.

Sin argumentos

Para López, la resolución del juez al decir que hay méritos pero sin explicar los mismos para elevar la causa a juicio oral, indica que “de fondo el juez sabe que no hay fundamentos para elevar esta causa a juicio”. El profesional del Derecho aseguró que al emitir ese tipo de resolución sin mérito alguno, el juez estaría violentando el artículo 141 del Código Procesal Penal, que en su tercer párrafo establece que “la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y, en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido”.

Al consultarles a los abogados de Kevin cuánto tiempo más pasará recluido para que se le celebre el juicio, descartaron hablar del tema ya que aseguran que no hay sustento probatorio de la participación del universitario en el crimen. “No quiero hablar de tiempo, porque todavía falta la resolución sobre esta reposición planteada, así que no está definido todavía si el caso se va a elevar a juicio oral y público”.

Durante la audiencia preliminar celebrada el pasado lunes, los defensores presentaron una nulidad de esa audiencia argumentando que se estaban violentando los derechos fundamentales de Kevin debido a que el juez no admitió como prueba la presentación de un nuevo testigo que habría participado en el crimen.

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Los abogados de Kevin Solórzano, Jair López y Celeste Cerrato.

Ayer, al conocer la resolución, los abogados del joven presentaron ante el juez un recurso de reposición en el cual solicitaron que se emita nuevamente la resolución y que en la misma se cumpla lo establecido por el artículo 141, es decir, que se exponga en qué pruebas se fundamenta para elevar el caso a juicio oral y público. La resolución de este recurso será conocida el próximo lunes, ya que el juez solo tiene 24 horas hábiles (laborables) para resolver el mismo.

En el caso en que el juez confirme su decisión, los abogados, cumpliendo con el proceso judicial, deberán presentar ante la Sala de lo Constitucional un recurso de amparo al considerar que los derechos constitucionales de su defendido han sido violentados durante el proceso judicial llevado en los Juzgados con Jurisdicción Nacional.