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Auto de formal procesamiento contra imputados por caso IHSS

Schucri Kafie, Mario Zelaya, Ramón Bertetty, Madrid Casaca y Edgardo Moreno son los acusados por ventas sobrevaloradas en el IHSS.

Los abogados de la defensa cuando esperaban la resolución del juez que conoce la causa.
Los abogados de la defensa cuando esperaban la resolución del juez que conoce la causa.

Tegucigalpa, Honduras

Auto de formal procesamiento con prisión preventiva se dictó anoche en los Juzgados de Letras de lo Penal en contra de los cinco nuevos acusados por el millonario desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (Ihss).

Al término de la audiencia inicial, a eso de las 9:30 pm, el juez que conoció el caso resolvió enviar al Primer Batallón de Infantería a los cinco acusados por la sobrevaloración de equipo biomédico.

El Ministerio Público acusó por fraude y malversación de caudales públicos a Mario Roberto Zelaya, José Ramón Berttety y Edgardo Quiroz Moreno, todos exfuncionarios del Seguro Social.

Por estafa fueron acusados el empresario Shucri Kafie Larach y su abogado Juan Alberto Madrid Casaca.

Dictamen forense

En el caso del empresario que se encuentra interno en un centro hospitalario privado, el juez ordenó que sea trasladado a la instalación militar debido a que el dictamen de Medicina Forense establece que no corre peligro en su estado de salud.

Los defensores de Kafie no lograron acreditar que el estado de salud de su cliente era inestable, pues también los resultados de una resonancia magnética que se le practicó el fin de semana no revelaron complicaciones en su salud, por lo que al ser dado de alta será trasladado de forma inmediata a la base militar.

Durante la audiencia, la defensa de los acusados presentó ante el juez que conoció el caso varios elementos de prueba, entre ellos la declaración de varios financistas que explicaron al juez y fiscales el contenido y cada una de las cláusulas del contrato.

Las pruebas acreditadas por la Fiscalía tomaron mayor relevancia con el testimonio de Vilma Morales, presidenta de la junta interventora, quien dijo al juez que ese contrato no debió haberse firmado porque representaba un desequilibrio en las finanzas de la institución.