29/11/2022
08:07 AM

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El desplazamiento forzado afecta a jóvenes sampedranos

En SPS, Tegucigalpa y Choloma, el 57% de los afectados son menores. Expertos lamentan que la problemática sea invisibilizada por las autoridades de gobierno.

San Pedro Sula, Honduras.

Javier David (19 años), es un joven que tuvo que abandonar, de la noche a la mañana su casa en Choloma. Su experiencia es el relato vivo de lo que muchas personas experimentan por la presencia del crimen organizado en el país.

En su testimonio a LA PRENSA, contó que se vio forzado a abandonar su hogar en menos de una semana, pues recibió mensajes con amenazas e incluso un atentado por rechazar la propuesta de una pandilla para ser uno de sus miembros.

“No ha sido nada fácil estar en un nuevo lugar. Uno no sabe cómo reintegrarse, las personas te discriminan por el lugar de dónde vienes, todo causa una gran desesperación, mientras uno piensa si la familia estará bien”, comentó Javier David. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), entre 2004 y 2021 se registraron más de 247,000 desplazamientos internos en Honduras, de estos, el 57% son niños, niñas y jóvenes.

Medida

El proyecto de Ley para prevenir, atender y proteger a las personas desplazadas fue presentado en 2019.

Las amenazas, extorsiones y los secuestros, son las principales causas de desplazamiento y se registran principalmente en las ciudades de San Pedro Sula, Tegucigalpa y Choloma, las de mayor densidad poblacional y con la recepción más alta de desplazados de otras parte del territorio.

Según Acnur, también existen otras causas relacionadas que contribuyen: la violencia intrafamiliar, fenómenos naturales y comunidades amenazadas por extranjeros interesados en sus tierras.

Problema silencioso

Aunque los desplazamientos forzados son una problemática que se repite a diario, es un tema invisibilizado por la sociedad y autoridades, desde el punto de vista de Elizabeth Medina, defensora de la organización Derechos Humanos sin Fronteras.

La defensora consideró que nadie está exento de sufrir una situación de desplazamiento, ya que cualquier persona puede pasarlo en algún momento.

Según el informe “Situación del Desplazamiento Forzado en Honduras”, realizado por el Comisionado Nacional Derechos Humanos (Conadeh), entre julio de 2016 y julio de 2021, se documentaron 4,711 denuncias relacionadas con el desplazamiento forzado, de las que 51% fueron interpuestas por hombres.

El estudio reflejó que entre los grupos más vulnerables se encuentran las amas de casa (17%), comerciantes (17%), docentes (5%), estudiantes (4%), transportistas (4%), agricultores (4%), abogados (3%), operadores de justicia (2%) y otros (43%).Honduras tiene un gran porcentaje de hondureños que solicitan asilo, sobre todo en México, seguido de Estados Unidos y España, detalló Liliana Reyes, de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh.

La población se ve indefensa: Nelson García Lobo, director de la CSAM

La principal causa de los desplazamientos forzados están relacionados con la inseguridad ciudadana, es uno de los principales elemento, pero aparte de esto, tiene que ver con la dificultad que tenemos con la aplicabilidad del estamento legal y esto está ligado a la investigación de los hechos y denuncias, así como la agilidad y seriedad con la cual se tomen en cuenta las denuncias.

Ante la falta de respuesta de las autoridades, la población se ve indefensa y su salida mas inmediata es abandonar sus lugares de origen, provocando un desplazamiento externo, pero también interno. Esto sin duda trae consigo una zozobra en la ciudadanía.

¿Qué podría hacer el Gobierno? Creo que sería importante la creación de algunas políticas internas de manera de poder fortalecer los entes judiciales y la investigación para poder entrar en acuerdo con el Ministerio Público. Sería importante mantener los elementos de seguridad en zonas y sectores donde se sabe está la contingencia de desplazados.

Los más difícil para este tipo de situaciones que se están presentando diariamente en el país es que este tema se mantenga oculto y no se evidencie.

Es entendible que muchas víctimas no lo hagan por el hecho de no poner más en riesgo su condición personal y familiar, porque no confían en los entes de control de la justicia y tampoco confía en los entes de seguridad nacional, y esto solo favorece a los grupos criminales.