Más de 500 hondureños detenidos y casi un millón de lempiras confiscado

Autoridades decomisaron también múltiples armas, vehículos y droga. Instituciones de DDHH exponen que medida no es “carta blanca” para vulnerar derechos de sospechosos.

Foto: Archivo

Policía ha logrado más de 570 capturas durante el estado de excepción e igual decomiso de dinero, droga, armas y dispositivos para extorsionar.

jue 29 de diciembre de 2022

San Pedro Sula.

Mientras las autoridades policiales afirman que el estado de excepción que entró en vigencia desde el 6 de diciembre de 2022 en más de 100 barrios y colonias de Tegucigalpa y San Pedro Sula desplomó la incidencia delictiva, expertos sostienen que los resultados pueden ser irreales al no ser una medida sostenida en el tiempo.

El Gobierno de Honduras publicó el 5 de diciembre de 2022 un decreto legislativo sobre estado de excepción para controlar el repunte de la extorsión. Se fijó su vigencia inicialmente entre el 6 de diciembre y 6 enero de 2023.

Regístrese aquí para acceder a LA PRENSA Premium

El decreto incluye “la grave perturbación de paz y seguridad, la consumación de delitos de extorsión, asesinatos, robos, tráfico de drogas y secuestros, así como la suspensión de algunas garantías establecidas”.

Para bloquear a los delincuentes que operan en los departamentos con más incidencia, Cortés y Francisco Morazán, del 6 al 27 de diciembre las autoridades policiales ejecutaron 889 saturaciones, 1,991 retenes fijos, 641 retenes móviles, 2,727 patrullajes a pie, 3,957 patrullajes en vehículo y 1,167 patrullajes en motocicleta.

LA PRENSA Premium conoció que durante 22 días del estado de excepción, la Policía confiscó más de 700,000 lempiras y hubo más de 500 capturados, entre ellos cinco miembros de la Pandilla 18, tres integrantes de la Mara Salvatrucha y uno de Los Olanchanos solo en la ciudad de San Pedro Sula.

En el caso del Distrito Central, circuito geográfico encabezado por la capital Tegucigalpa, arrestaron a un miembro que actuaba como independiente, también a uno de la banda emergente Los Iluminati, dos de Los Peludos, uno de la conocida Mara Salvatrucha y 14 de la Pandilla 18.

Otros 31 sospechosos fueron detenidos entre las ciudades de Choluteca; Tela; Lejamaní; Siguatepeque; Santa Rosa de Copán; La Esperanza; San Lorenzo; El Progreso; Santa Rita; La Ceiba; La Lima; Puerto Cortés; Santa Cruz de Yojoa; Santa Ana y Puerto Lempira. De 479 aprehensiones más no se especificaron detalles.

La Secretaría de Seguridad detalló que en 27 días el mes de diciembre se registraron apenas una denuncia por extorsión en Puerto Cortés, una en San Pedro Sula y otra en el Distrito Central. También una en Juticalpa, igual número en la cabecera de Santa Bárbara y dos en Concepción Sur. En tanto, en el mes de noviembre se habían reportado más de 20 denuncias de este tipo, por lo que el descenso se puede argumentar fue gracias a las operaciones desarrolladas por la Policía desde inicios de diciembre.

A medias

De voz de las autoridades policiales de investigación se atribuye que los hechos de extorsión bajaron en todo el país tras activarse la emergencia nacional en noviembre pasado y aplicarse el estado de excepción; sin embargo, hay sectores que concuerdan que estas medidas al no ser permanentes solo representarán un paliativo parcial de paz para los comerciantes y transportistas, que son las principales víctimas de este flagelo.

$!Más de 500 hondureños detenidos y casi un millón de lempiras confiscado
“Las instituciones policiales deben hacer saturaciones con personal combinado”: Abogado y criminólogo

El criminólogo capitalino Carlos Padilla considera que los resultados vistos hasta ahora “son subjetivos”, puesto que se debe esperar las resoluciones en los juicios. “Lo dicho de que no se deben realizar allanamientos antes de las 6:00 am ya no es un obstáculo con el estado de excepción, pero sí hay que tener pruebas contundentes porque sino los casos de los fiscales serán débiles y los procesados terminarán libres”, dijo.

1,615 denuncias por extorsión contabilizó el departamento de Estadística Policial de la Secretaría de Seguridad entre enero y noviembre del presente año.
7 denuncias se reportaron del 1 al 27 de diciembre de 2022. Estas fueron en San Pedro Sula, Puerto Cortés, Distrito Central, Juticalpa, Santa Bárbara y Concepción Sur.
A la fecha el Congreso Nacional no ha recibido la solicitud de ampliar el estado de excepción en Honduras.

El analista en seguridad cuestionó que las autoridades “aborden mal” las operaciones en las calles, ya que estas, a su criterio, deben desarrollarlas con suficiente personal combinado, que integre a elementos de la Policía Nacional, Policía Militar y demás instituciones armadas, para superar por número a los extorsionadores y bloquear las salidas de escape en todos los puntos identificados como “calientes”.

Varias de las múltiples operaciones se realizan con improvisación y falta de planificación, lo que ha arrastrado muchas detenciones sin fundamento y vulnerabilidad de derechos. Así lo creyó Luis Chinchilla, director de la clínica de Litigio Estratégico del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), quien recordó que desde el 6 de diciembre advirtieron que el estado de excepción no es una carta blanca para afectar a la población.

Especificó que desde entonces han visitado postas policiales sobre todo en Tegucigalpa y San Pedro Sula para constatar que las detenciones se hayan realizado en el marco del decreto. De igual manera precisó que tanto las organizaciones civiles como los familiares pueden acudir a la institución para interponer quejas y solicitar acompañamiento.

Adelantó que el Conadeh publicará un informe conteniendo los hallazgos al término del estado de excepción.

Esta medida, aunque es de corto y mediano plazo su aplicación, no es la alternativa idónea para contrarrestar la extorsión y demás delitos, pus únicamente ataca los síntomas, más no las causas. A esta idea se sumó Marco Rubí Callejas, sociólogo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (Unah-vs), quien argumentó que la raíz principal del problema es la desigualdad económica entre familias.

$!Más de 500 hondureños detenidos y casi un millón de lempiras confiscado
“El fenómeno de la extorsión está muy vinculado con la desigualdad económica y falta de cultura en nuestro país”: Marco Rubí, sociólogo de la Unah-vs

“Muchos de los que detienen son personas que no salieron a extorsionar porque se les apetecía, se vieron obligados a hacerlo por falta de oportunidades”, dijo.

El académico manifestó que en cierta forma muchas sociedades “se acostumbran” o “se adaptan” a vivir con la extorsión ante tantas adversidades de subsistencia.

El sociólogo recomendó al Estado volver más rigurosos sus protocolos internos para que haya mayor confianza en las instituciones de seguridad e instó a la población en general a involucrarse activamente para luchar contra la extorsión. A su parecer, un estado de excepción, en caso de ampliarse, tal y como se pidió desde el directorio estratégico de la Secretaría de Seguridad, “sería terrible”, pues adujo que eso solo ocasionará una violencia mayor a nivel de país.

Mismo camino

Esta medida recuerda, pero con resultados disparejos con los de Honduras, a lo aplicado en el convulso vecino de El Salvador, país que ha ampliado por casi 10 veces el régimen de excepción para combatir a las pandillas, entre cuestionamientos y denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de organizaciones locales e internacionales.

La Asamblea Legislativa aprobó recientemente la prórroga de la disposición por 30 días más como se lo solicitó el Gobierno. Mientras las autoridades hondureñas hablan de menos de 1,000 capturados en casi un mes del estado de excepción, la Policía de El Salvador informó que en casi 10 meses de aplicación de la misma medida han aprehendido a más de 60,000 personas de un registro de 76,600 pandilleros; sin embargo, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos indicó que liberaron a más de 2,100 personas por no tener vínculos con pandillas y anunció que en el presente mes de enero iniciará un plan de verificación sobre la situación en las cárceles, con acompañamiento de la Organización de las Naciones Unidades (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Mientras tanto, los cuerpos de seguridad del Estado de Honduras subrayan que más del 96% de los detenidos ya recibieron auto de formal procesamiento con la medida de detención judicial y prisión preventiva por hallárseles indicios primarios de participación en actos de extorsión. El Salvador cerró 2022 con más de 600 homicidios, para una tasa de 10 homicidios por cada 100,000 habitantes. Por su parte Honduras, la cifra superó las 200 muertes.