Estado de excepción: más de 8,000 detenidos, pero ninguno acusado de extorsión

San Pedro Sula, Honduras. Desde el 6 de diciembre de 2022 cuando comenzó a aplicarse el estado de excepción en Honduras producto de la extorsión, las autoridades policiales reportaron 8,155 personas detenidas por distintas faltas y delitos al cierre de enero de 2023.

Este número corresponde a todos los registros de las instituciones armadas participantes en las saturaciones, que incluye a la Policía Nacional y Dirección Policial Anti Maras y Pandillas.

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Pese a que la Secretaría de Seguridad ha pregonado públicamente una imponente respuesta debido a la escalada de arrestos en el marco del PCM, lo cierto es que la mayoría quedó en libertad, así lo refrenda una base de datos analizada por LA PRENSA Premium, la cual indica que 8,050 fueron liberados en un lapso de tiempo de 24 horas, mientras que solo a 105 sospechosos los remitieron al Ministerio Público (MP); sin embargo, la Fiscalía notificó a este medio que ninguno ha sido acusado formalmente por extorsión.

Únicamente detallaron que entre diciembre pasado y enero de 2023 acusaron, no asociados al estado de excepción, a 16 personas por el delito de extorsión: 14 de ellos en Comayagüela y dos en Olancho.

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Entre los señalados por este cargo están dos miembros de la Mara Salvatrucha, tres de la Pandilla 18, uno de la banda Los Soles, uno de la estructura Mito Padilla y ocho independientes. Aunque lo anterior deja entrever múltiples vacíos con relación a la efectividad en la lucha contra este flagelo, la Policía asegura que el estado de excepción sí les ha funcionado.

Cristian Nolasco, portavoz de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), declaró que “la gente solo mide los resultados en base a capturas y decomisos, sabemos que eso es parte de, pero nosotros los analizamos según la reducción de homicidios que se evitaron. Nuestros datos indican que en lo que va de 2023 han bajado los hechos violentos con relación a los años 2022 y 2021”.

Respecto a esto, un informe oficial publicado recientemente refiere que un total de 3,397 personas fueron asesinadas en Honduras en 2022, un 12.9 % por debajo de las cifras de 2021 (3,900). Nolasco insistió que las autoridades le están cerrando los espacios a las estructuras criminales y que la incidencia delictiva ha bajado en todos los sitios intervenidos.

“Sobre eso que no hay acusaciones, hay factores que debemos considerar, tales como el criterio de oportunidad de fiscales, conciliación e incluso muchos casos se remiten por delitos conexos mientras se investiga y documentan las pruebas por extorsión. La población debe saber que, independientemente estén libre o encerrados, si se les comprueba el delito de extorsión iremos tras ellos y allí sí habrá requerimientos como tal”, advirtió el vocero de la Policía de Investigación.

Mario Fú, vocero de la Dipampco, informó que a la fecha han realizado unos 502 allanamientos de morada, más de 500 armas decomisadas, al menos 127 vehículos y 500 motocicletas confiscadas.

“Las operaciones continúan dejando números positivos por el plan antiextorsión y se han potenciado las acciones en los lugares intervenidos. Hemos enviado una cantidad exagerada de casos al Ministerio Público por su vínculo con la extorsión, no entendemos cómo es que dicen que no han presentado acusaciones”, exclamó Fú.

Pormenorizó que tras casi dos meses de la medida ha bajado la migración de pandilleros entre departamentos, salvo unos pocos movimientos hacia Yoro, Olancho, Colón, Atlántida, Copán y Santa Bárbara.

Si bien es cierto, la cifras del año pasado denotaron una disminución de la violencia en comparación a tiempo atrás, organizaciones de la sociedad civil y analistas en seguridad concuerdan que lo hecho hasta ahora no concilia con lo proyectado.

El criminalista Gonzalo Sánchez lamentó que los resultados del estado de excepción no sean los que esperaba la población. “Pensamos que tendríamos algo mejor, lo que sucede es que deben haber operaciones de mayor envergadura, una investigación exhaustiva y buenas medidas de prevención. Aún se escucha que las estructuras criminales cobran extorsión y, aunque la gente piensa que se va a aplicar lo mismo que en El Salvador, donde su presidente se fue con todo, la verdad es que aquí debemos mejorar”, apuntó.

Sánchez recordó que cuando se presenta una prueba contundente “no hay nada que valga por muy buen abogado que se sea”. Cuestionó también que en Honduras primero se capture y después se investigue. “No existe una verdadera investigación criminal para comprobar estos delitos, al final por una puerta entran y por otra salen”, concluyó el especialista.

Los resultados tampoco convencen del todo a los sectores más vulnerables frente a la extorsión, uno de ellos es el transporte. Elio Muñoz, reconocido dirigente de los taxis en San Pedro Sula, es del criterio que para que exista efectividad en el combate a este problema, debe haber un trabajo en conjunto con los perjudicados.

“Lo he dicho siempre, sino existe una pista para dar con esta gente estamos en nada, pues nadie quiere colaborar por temor”, reflexionó el transportista.

Los “buenos” resultados que destaca tener la Policía producto del estado de excepción no coinciden con la realidad de este sector, de los más golpeados por la extorsión, ya que en 29 días de este año mataron a ocho trabajadores: tres en Choloma, dos en San Pedro Sula y dos en Tegucigalpa.

El Gobierno de Honduras aprobó la ampliación del estado de excepción hasta el 20 de febrero en varias zonas del país para frenar a violencia y otros delitos como la extorsión. Este sigue rigiendo en 89 barrios de Tegucigalpa y 73 de San Pedro Sula, pero sumaron otros 73 municipios de Honduras, de los 298 que hay en total.

El PCM permite a los entes de seguridad realizar operaciones focalizadas en municipios considerados más violentos del país. Desde que lo activaron, las personas pueden circular normalmente, pues se considera una herramienta destinada a operar en las guaridas y escondites de las maras, pandillas y cualquier otra estructura criminal.

La extorsión en Honduras incrementó en los últimos 20 años, dejando centenares de muertos y en la ruina a miles de micros, pequeños y medianos empresarios que tuvieron que cerrar sus negocios, mientras que otros huyeron. Muchas de las víctimas mortales eran conductores del transporte urbano, interurbano y de taxis. Según sus denuncias, algunos son víctimas de extorsión hasta por tres bandas criminales.