Gobierno descarta más impuestos tras aprobación del FMI

SAN PEDRO SULA

Luego de alcanzar un “acuerdo a nivel de personal técnico” con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno de Honduras espera que el directorio ejecutivo de ese organismo apruebe el próximo mes un financiamiento adicional de 239 millones de dólares que utilizará para sufragar los gastos derivados de la pandemia covid-19 y la reparación de daños causados por los huracanes Eta y Iota el año pasado.

Con esta nueva cantidad, el Gobierno de Honduras alcanzará un desembolso total de $769 millones (con la suma aprobada el año pasado) bajo el Acuerdo Stand-By (SBA) y el Acuerdo de Facilidad de Crédito (CFA).

Este endeudamiento, según autoridades, no supone un incremento en los impuestos por lo menos durante 2021. No obstante, no descarta que la próxima administración apriete tributariamente a los ciudadanos.

A una semana de que una misión del FMI, liderada por Joyce Wong, anunciara el acuerdo, Marco Midence, secretario de Finanzas, le aseguró a Diario LA PRENSA que en lo que queda de la administración de Juan Orlando Hernández no habrá nuevas cargas tributarias para los hondureños, como auguran algunas organizaciones no gubernamentales.

EI Gobierno, por medio de la Secretaría de Salud, atiende a personas con sospechas de covid-19 en los triajes de San Pedro Sula.

Para Midence, “el acuerdo a nivel de personal técnico significa que el Gobierno de Honduras ha logrado consensuar con el equipo técnico del FMI que efectuó la cuarta revisión del Programa bajo el Acuerdo Stand-By (SBA) y el Acuerdo de Facilidad de Crédito (CFA) los compromisos establecidos en el mismo”.

“Representa una señal de estabilidad económica que nos permite como país continuar impulsando acciones con grandes beneficios a la población, para contribuir a la reducción de la pobreza, protección social, bienestar familiar y la rápida reconstrucción de la infraestructura dañada luego del paso de las tormentas tropicales.

4,360 millones de lempiras. Según Cepal, los daños y pérdidas dejadas por Eta y Iota en la infraesctructura pública solamente representa el 8%.

En el informe Evaluación de los efectos e impactos de la tormenta tropical Eta y el huracán Iota en Honduras (presentando esta semana), la Comisión Económica para América Latina ( Cepal) elevó el impacto económico negativo a L52,099 millones, equivalentes a más de $2,000 millones.

Calculó los daños en L22,675 millones y las pérdidas en L27,080 millones.

El sector público solo tuvo daños y pérdidas valoradas en L9,049 millones (17%), y el sector privado, L43,050 millones (83%).

En una entrevista realizada por medio de correo electrónico, Midence le dijo a Diario LA PRENSA que “luego del acuerdo a nivel de personal técnico, esto se somete para aprobación del directorio ejecutivo del FMI y este directorio tentativamente pretende ratificar el acuerdo en junio del presente año. De esa aprobación depende el acceso a los recursos adicionales que Honduras tendría bajo las facilidades de un Acuerdo Stand-By (SBA) y el Acuerdo de Facilidad de Crédito (CFA) que se aumentaron en la cuarta revisión”.

No me puedo referir a supuestos, pero este Gobierno no aumentará impuestos Marco Midence, secretario de Finanzas.

El ministro, al ser consultado sobre bajo qué condiciones recibirán este financiamiento, explicó que “al ser aprobada la cuarta revisión del Programa por el directorio ejecutivo, podríamos acceder a $239 millones adicionales a los aprobados en el año 2020 que totalizan $769 millones. Con estos recursos que hemos estado recibiendo desde el año 2020 continuaremos apoyando las acciones implementadas para la atención de los efectos derivados de la pandemia por covid-19 y las tormentas tropicales Eta y Iota”.

Recursos

Según Midence, “el financiamiento está siendo destinado para los efectos derivados de la pandemia y los efectos de las tormentas tropicales Eta y Iota”. Aseguró que el Gobierno destina estos recursos en atención médica en los hospitales y triajes para contener el covid-19; otorgamiento de bonos para compra de alimentos y medicinas; acceso a préstamos para los pequeños emprendedores, proyectos de vivienda donada y subsidiada, entre otros. El tiempo de ejecución de estos fondos se da entre 2020-2021”.

“No me puedo referir a supuestos, pero este Gobierno no aumentará los impuestos.Este es nuestro compromiso con el desarrollo de las personas, emprendedores y empresas.El propósito de este Gobierno es gestionar la crisis dentro de los parámetros que rige la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), dando una respuesta focalizada, más transparente en cuanto al gasto de emergencia y controles efectivos a su ejecución”, dijo el ministro al ser consultado si el próximo Gobierno tendrá que aumentar los impuestos a raíz de este nuevo endeudamiento.

El más afectado El sector productivo privado perdió L35,485 millones, equivalente al 68% de todos los daños dejados por los huracanes.

Para lograr el acuerdo a nivel de personal técnico, según el ministro, “el Gobierno de la república se ha comprometido a continuar con la senda de disciplina y sostenibilidad fiscal, realizando acciones con prudencia y racionalidad, dado que es fundamental para mantener la confianza a nivel nacional e internacional”.

“Se continuará con la racionalización de los incentivos fiscales, reduciendo el gasto público no prioritario y la reforma del sector eléctrico, a fin de contar con espacio fiscal para destinar a gastos de emergencia sanitaria, protección social, incrementar inversión pública en el contexto de la reconstrucción sostenible, los cuales son necesarios para la reactivación económica”, dijo.

La semana pasada, la misión del FMI advirtió que la prudencia fiscal a mediano plazo y el retorno al límite de déficit de la Ley de Responsabilidad Fiscal en 2023, prometidos por el Gobierno, son fundamentales para mantener la confianza y el acceso a los mercados internacionales de capital; pero “serán claves para lograr este objetivo las medidas incorporadas en el programa económico para racionalizar los incentivos fiscales, continuar reduciendo el gasto público no prioritario y la reforma del sector eléctrico”.

Diario LA PRENSA le consultó a Midence sobre las reformas a las cuales ha hecho alusión el FMI y explicó que “en 2014 el Congreso de la República de Honduras promulgó la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE) con el fin de reestructurar y modernizar el sector eléctrico para volverlo eficiente, competitivo y sostenible.

En ese sentido, el acuerdo con el FMI contiene acciones tendiendo a acelerar la reforma del subsector eléctrico, sector contenido en la LGIE (Ley General de la Industria Eléctrica), a fin de lograr un mercado competitivo que contribuya a la sostenibilidad financiera del mismo”.

Cifras de la Secretaría de Finanzas indican que la deuda externa del Sector Público no Financiero (SPNF) al cierre del año 2020 ascendió a S$8,421.8 millones (equivalente al 34.2% respecto al PIB de ese año), suma que “está enmarcada dentro de los parámetros de la Ley de Responsabilidad Fiscal y sostenibilidad de deuda”.

En el informe Evaluación de los efectos e impactos de la tormenta tropical Eta y el huracán Iota en Honduras, la deuda externa sumó $9,517.6 millones al 31 de diciembre de 2019, lo que representó un 38.2% del PIB y un incremento nominal del 5.6%, respecto al cierre de 2018.