18/04/2024
05:07 AM

Alcaldes del valle de Sula, divididos frente a los siniestros

En 1993, alcaldes de esta región crearon la Mancomunidad Zona Metropolitana del Valle de Sula. En 2008, pidieron la separación de San Pedro Sula.

    San Pedro Sula, Honduras.

    En la crisis que el Valle de Sula atraviesa, a raíz de las últimas inundaciones causadas por Eta y Iota, no solamente tienen una responsabilidad directa los últimos gobiernos, sino que todas las autoridades edilicias de la región por trabajar de manera aislada obedeciendo intereses políticos y cálculos electoreros.

    En 1993, alcaldes de esta región, con el fin de alcanzar autonomía y resolver problemas comunes con la menor independencia del gobierno central, crearon la mancomunidad Zona Metropolitana del Valle de Sula (ZMVS); sin embargo, esta asociación (27 años después) se mantiene fraccionada y no logra defender los intereses de la zona y proteger contra los desastres naturales a una población de 2,268,783 residentes en 20 municipios de Cortés, Yoro, Santa Bárbara y Atlántida.

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    Las inundaciones causadas por huracanes y tormentas tropicales afectan a toda esta población directa e indirectamente, pues a una parte les arrebata las viviendas y los bienes de sus hogares; a otros, las plantaciones agrícolas, empresas de diferentes giros, infraestructura privada y pública (como el aeropuerto) y al final provoca un ciclón de problemas económicos que desestabilizan socialmente la zona.

    Santiago Motiño, quien se convirtió en alcalde de La Lima, Cortés, por medio del partido Alianza Patriótica (AP) porque algunos dirigentes del Partido Nacional le pusieron obstáculos, asegura que la mancomunidad de la ZMVS “solo existe en papel” y, durante las inundaciones, “no hizo nada”.

    “¿Que si hemos tenido apoyo de la mancomunidad del Valle de Sula? Es totalmente falso. No hemos tenido ninguna ayuda. El presidente de la mancomunidad es el alcalde de San Pedro Sula, un municipio muy grande. Creo que pasa muy ocupado él. No ha aportado nada, ni siquiera manda algunos víveres al municipio de La Lima”, dijo Motiño, vocal de la junta directiva de la mancomunidad.

    La Asociación Nacional de Industriales (Andi) le pedirá al Gobierno que garantice en el presupuesto de 2021-2022 la conservación de bordos y canales, la construcción de un muro de concreto alrededor del aeropuerto y libramientos en carreteras.
    Para el alcalde de La Lima, el municipio inundado totalmente por Eta y Iota, “ha sido duro, trágico (…). Es doloroso darse cuenta que todos los habitantes del municipio perdieron su patrimonio: menaje de las casas, tierras, sembradillos de árboles frutales, maizales y ganadería”.

    La Municipalidad de San Pedro Sula, la cual recibe “más de L10 millones diarios”, dice, le debe al municipio de La Lima L14 millones por recaudaciones de las tasas de industria y comercio en los negocios que operan dentro aeropuerto Ramón Villeda Morales.

    Ese dinero debe transferirlo a un fideicomiso de Banco Ficohsa para pagar “el pavimento más caro del mundo. L44 millones costó un kilómetro de pavimento en La Lima durante la corporación anterior. L44 millones por seis kilómetros son L264 millones. Yo le he preguntado a ingenieros y contratistas y me han dicho que un kilómetro del pavimento más grueso puede costar hasta L15 millones”, dijo.

    Motiño reconoce que la Comisión Contra Inundaciones del Valle de Sula realizó trabajos de mantenimiento en el río Ulúa y Canal Maya con el objetivo de evitar inundaciones; no obstante, Eta y Iota rebasaron la capacidad hidráulica. Además, dice, que después del siniestro “el presidente Juan Orlando Hernández envió maquinaria para limpiar al municipio, también el Batallón de Ingenieros que aún tiene maquinaria trabajando”.

    La división es un problema que la mancomunidad sufre desde hace más de una década y no ha podido superar pese a soluciones que algunas alcaldías han propuesto. En 2008, incluso, propusieron la separación de San Pedro Sula y El Progreso porque sus autoridades no participaban en la solución de problemas de la región y no asistían a las asambleas.

    “La mancomunidad siempre ha tenido este problema porque algunos alcaldes piensan más en sus intereses económicos (negocios) y políticos y no en las necesidades del valle. Esto ocurre porque son de diferentes partidos políticos y porque hay municipalidades con mayor capacidad que otras”, dijo una fuente que ha estado dentro de la mancomunidad que solicitó el anonimato.

    La Asociación Nacional de Industriales le presentará recomendaciones al Gobierno sobre el valle de Sula para enriquecer el plan de reconstrucción de Honduras.
    Esta mancomunidad tampoco ha sido capaz de fortalecer el Consejo Regional de Desarrollo del Valle de Sula, creada luego de que el Gobierno creara regiones de desarrollo a través del decreto 286-2009 concerniente a la Ley para el Establecimiento de una Visión de País y la Adopción de un Plan de Nación para Honduras.

    Gerardo Meraz, coordinador del Consejo Regional de Desarrollo del Valle de Sula, cree que esta entidad “está logrando que todos los alcaldes piensen en la misma dirección”.

    Recordó que en noviembre, días después de las inundaciones, el Consejo emitió una resolución para instar al Poder Ejecutivo a promover “con urgencia” la construcción de las represas El Tablón en el río Chamelecón y Los Llanitos y Jicatuyo en el río Ulúa.

    “Participaron 9 alcaldes. Los otros 11 mandaron representantes a la reunión. Dentro del Consejo Regional, nuestra idea es, primero, rescatar los bordos, dragar los ríos y luego hacer las represas. Los alcaldes saben eso”, dijo.

    Meraz le informó ayer a Diario LA PRENSA que el miércoles próximo llegarán representantes de tres empresas y una fundación de Israel “interesados en ayudar con el dragado de los ríos”.

    Para Fuad Handal, presidente en el noroccidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), los alcaldes deben trabajar bajo una misma estrategia para enfrentar nuevas catástrofes y reconstruir las obras destruidas en el valle de Sula por los últimos dos huracanes.

    “Lo que nos sucedió el año pasado causó un retroceso de dos décadas en el desarrollo económico y social (…). Si no invierten en los bordos y en las represas, una inundación como la que tuvimos el año pasado sería catastrófica. Sería terrible para el país”, advierte.

    Handal explicó que la Andi regional está trabajando en un documento que le presentará al Gobierno y municipalidades que contiene una propuesta para la reactivación del valle de Sula con la intención de enriquecer el Plan de Reconstrucción Sostenible de Honduras “que se quiere presentar a los organismos internacionales”.

    La Andi, según Handal, espera que en el nuevo Instituto para la Protección y Desarrollo Sostenible del Valle de Sula, el cual reemplazará a la Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula, tengan una participación activa los representantes de las municipalidades, sector empresarial y Gobierno.