San Pedro Sula, Honduras.
A un ritmo lento, la CCIVS tiene previsto desarrollar 59 proyectos en el sistema hidráulico y de protección dañado hasta antes de que comience la nueva temporada de huracanes en julio de este año.
¿Qué pasará en el valle de Sula si caen poderosas lluvias que desborden los ríos? “La Lima, la parte baja de San Pedro Sula y otros municipios de la región sufrirán otra vez inundaciones, así de simple”, responde Héctor Castro, presidente de la Asociación Industrial de Productores de Aceite de Palma de Honduras (Aipah).
En un bordo de contención del margen derecho del río Chamelecón, en el campo Guaruma 2 de La Lima, Cortés, mientras toca el suelo, recoge y deja caer de la mano derecha un poco de arena, Castro dice resignadamente: “Nos volveremos a inundar. Estas reparaciones no nos protegerán”.
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“Mi formación es en ingeniería industrial, no soy ingeniero civil, pero tengo muchos años en construcción. Este bordo está mal hecho, este material no es el adecuado. Mi empresa no hace bordos, hace obras civiles en planteles industriales, ¿qué hacemos cuando nos toca rellenar? Por cada 10 o cada 15 centímetros de compactación, se toma una muestra en un cilindro y se manda al laboratorio. El laboratorio puede decir: necesita más compactación. Muchas veces hay que sacar el material y poner mallas para lograr la compactación requerida. Aquí no hay nada de eso”, dice.
El Gobierno y la Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula (CCIVS) invitaron a Castro y a otros productores agrícolas afectados por las inundaciones de noviembre para que observaran los trabajos de rehabilitación de los bordos rotos, pero ellos le dijeron a Diario LA PRENSA que “no servirán”.
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“Estos son bordos de azúcar (...), es falta de planificación. ¿Cuántos gobiernos han pasado desde Mitch? Estamos hablando de 1998, y no hay verdaderas obras de protección. Yo desde niño vengo escuchando sobre esa famosa construcción de las represas. Si las tuviéramos, no estaríamos comprando energía cara y tuviéramos un valle de Sula protegido y productivo con sistemas de riego para el verano”, critica.
Sin bordos contra inundaciones
Después de cinco meses, el actual Gobierno, por ejemplo, no ha dado pasos concretos para construir a corto plazo obras de infraestructura que eviten inundaciones como las ocurridas en noviembre pasado, cuyas secuelas aún persisten en las zonas afectadas.La CCIVS, una entidad que ha carecido de autonomía y de recursos económicos, se ha dedicado este año a tapar lentamente los aproximadamente 220 boquetes que dejaron Eta y Iota.
En estas reparaciones, la CCIVS, que tiene los días contados porque el Gobierno prolongó su existencia hasta el 30 de septiembre de 2021, gastará aproximadamente L500 millones (más de $20 millones), equivalentes al 12% de $168 millones que costaría la represa de El Tablón en el río Chamelecón (incluye una central hidroeléctrica cuya inversión sería de $31 millones).
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Esa suma de dinero que desembolsará en los primeros seis meses de este año también equivale al 62% de todos los recursos económicos (L801,030,501) que la CCIVS gastó en la última década (entre 2021 y 2020) en 337 proyectos rutinarios, entre ellos limpieza de canales de alivio.
Óscar López, miembro de la Asociación de Productores de Bananos Nacionales (Aprobana), lamenta que los últimos tres gobiernos no “hayan invertido en obras de protección para garantizar la producción, los empleos y el crecimiento económico”.
“Estamos sufriendo. Nosotros estamos en Santa Cruz de Yojoa y represento a la Compañía Agrícola Olivo, que tiene 260 hectáreas. Con Eta y Iota nosotros resultamos afectados, tenemos todo perdido. Nosotros también estamos desprotegidos por no haber bordos de contención del otro lado del río Ulúa”, dice.
Igualmente, Andoni Cruz Romero, vicepresidente de la Cooperativa Agropecuaria San Manuel Ulúa Limitada (Casmul), ha visto que “desde el huracán Mitch, los gobiernos solo arman comisiones, hacen estudios y trabajan como apagafuegos”.
“Solo nosotros en San Manuel, Cortés, en la cooperativa Casmul, generamos un promedio de 650 empleos directos en 404 hectáreas de banano que quedaron inundadas por Eta y Iota. Somos proveedores de la Dole. Antes de esas lluvias, nosotros le proveíamos un promedio anual de 830,000 cajas al año, ahora, como se las llevó el fenómeno no le venderemos nada a Dole, quedamos sin fincas”, dice.
Mientras los productores agrícolas se quejan de las reparaciones y las consecuencias nefastas por no haber infraestructura de protección, Jorge Munguía (21 años) critica al Gobierno porque “han pasado cinco meses y no ha reparado todos los bordos”.
Munguía y su mujer, Dania Calderón, padres de un niño recién nacido, viven en una covacha armada (después de los huracanes) a menos de 500 metros del río Ulúa, en la colonia San José, donde hay unas 45 familias en condiciones de riesgo y extrema pobreza.
Aquí “todos los bordos están dañados, de La Samaritana, Flores, La 22, San José (...), nadie ha hecho nada por esos bordos”, dijo Munguía al ser entrevistado por DIARIO LA PRENSA frente al río Ulúa.
