Tegucigalpa, Honduras.
El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Juan Carlos Sikaffy, expresó su preocupación por los alcances del contrato de Palmerola y exigió una profunda revisión del mismo por los vicios de irregularidades que se dieron en el proceso de adjudicación.
¿Qué opinión le merece que aún no se haya hecho a este mes la licitación de los aeropuertos?
Es indispensable que las licitaciones públicas se hagan con tiempo y en forma transparente. Es evidente en este caso la falta de planificación de las entidades responsables. Es fundamental una licitación que permita escoger, con base en criterios técnicamente claros y objetivos, en consulta con la sociedad, una empresa inversionista con experiencia real y técnicos calificados.
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Esa empresa debe ser capaz de enfrentar los niveles de inversión que nuestros aeropuertos requieren para los próximos años. Además, las licitaciones públicas relacionadas con concesiones o alianzas público-privadas deben ser ejecutadas con los recursos de los inversionistas y no apalancadas con fondos estatales mediante fideicomisos. El Estado debe tener la capacidad técnica de planificar con base en las necesidades y requerimientos del Estado y su población, caso contrario las acciones se desarrollan con poco tiempo y es cuando se autorizan las contrataciones directas, mismas que aunque se desarrollen con niveles de transparencia siempre serán cuestionadas, estos son aspectos de mejora que deben implementarse en el Estado.
¿Qué opinión le merece la adjudicación de Toncontín sin licitación?
Las leyes vigentes en el país establecen que para todo proceso de alianza público-privada o adquisición de bienes y servicios debe existir una licitación o concurso. Su inobservancia es un grave incumplimiento que acarrea responsabilidad para las partes.
Sorprende que hayan asignado sin licitación la administración de Toncontín a una empresa y que, además, en el decreto no establezca obligaciones de inversión y contraprestaciones muy concretas, solo tiene todos los ingresos y sin pagos de impuestos y canon. Incluso, al otorgarla a una empresa que tiene una ampliación de plazo a 35 años de concesión, incluso sin que haya comenzado esa misma empresa a operar, se interpreta que lo dieron también a ese plazo de 35 años. No es el estándar de transparencia y anticorrupción que queremos para Honduras.
El no desarrollar los procesos de contratación y adquisición del Estado conforme lo manda la ley promueve el debilitamiento de las instituciones, pone en riesgo la seguridad jurídica, y no contribuye a los principios de transparencia, socavando la atracción de las inversiones en el país.
¿Con base en qué no hay un proceso de licitación en marcha, considera que ocurra lo mismo con los aeropuertos Golosón, Juan Manuel Gálvez y Villeda Morales?
Es una posibilidad, fundamentado en el precedente establecido para el aeropuerto Toncontín. Es nuestra obligación exigir el respeto al marco legal vigente, que en ningún momento privilegia el otorgamiento del manejo de la infraestructura y servicios públicos sin la debida licitación pública, esta exigencia es ajustada a los principios doctrinarios de Cohep, que vela por el respeto del Estado de derecho y fortalecimiento de las instituciones.
Por supuesto, hay contratos de obra pública que establecen plazos de extensión de contratos existentes y se pueden requerir obras adicionales, pero siempre con transparencia y obligaciones de ambas partes muy claras. Pero en este caso eso sería un mal mensaje a las empresas, ya que no se ajusta a los principios de contratación del Estado, generando vicios de ilegalidad, dado que la empresa a la que se le dio la concesión de Palmerola no ha comenzado a operar y no puede acreditar experiencia real para el manejo de aeropuertos en el país.
¿Qué opina que Palmerola no pague ni un cinco de canon al Estado por los próximos 28 años?
La estructuración de una participación pública privada contiene, entre otros, los pagos al Estado por la explotación de la infraestructura que se facilita al privado. El Estado de Honduras requiere de ingresos para cumplir con las tareas de mejoramiento de la salud, educación, seguridad, agua, etc. Comparativamente, el Estado cedió importantes ingresos con Palmerola, lo que sí es muy preocupante y nuevamente reitero falta de seguridad jurídica, eximir con posterioridad a la licitación de Palmerola la exención del pago de todo tipo de impuesto nacional, renta, sobre ventas, o municipal, mediante un decreto legislativo, esto constituye cambios en las reglas del juego que ponen en riesgo la legalidad de los proyectos, ya que este decreto no fue conocido por los licitantes y cuando las empresas interesadas licitaron.
El concesionario al ganar la licitación, tenía considerado en su modelo financiero pagar dichos impuestos y se los eximen. Es un cambio fundamental de condiciones con posterioridad a la adjudicación. Adicionalmente crea un problema serio de competencia desleal e igualdad de derechos con otras empresas que no tienen esos privilegios exclusivos.
¿Qué opina que se le exonere de pago de impuestos?
Lo de la exoneración de impuesto es válido, como incentivos para atraer las inversiones y así generar empleos en el país; pero este no es el caso, ya que las bases de la contratación estipulaban los pagos de impuestos.
¿A su juicio debe revisarse y modificarse el contrato de Palmerola
El contrato de Palmerola debe ser sujeto a una revisión detallada, ya que se ha venido dando una serie de acciones que ponen en riesgo la transparencia del proceso de contratación y concesión de Palmerola, generando vicios a la legalidad del proceso.
