Estamos a 42 días para que expire -el 4 de octubre- el Estatus de Protección Temporal (TPS) que ampara a entre 46,000 a 60,000 hondureños que trabajan en Estados Unidos, una situación que les agobia mientras se espera que en estos días se conozca si se les renovará esta figura legal que ha beneficiado al país a partir de 1999, luego de los desastres del huracán Mitch.
El TPS es otorgado como un beneficio migratorio de carácter temporal a ciudadanos elegibles de países afectados por desastres naturales, inseguridad u otras condiciones extraordinarias y temporales, naciones como El Salvador, Nicaragua, Haití, Venezuela y Honduras, entre una docena que ahora mismo son designadas por resolución del Departamento de Seguridad Nacional.
Honduras ha pedido una nueva designación de TPS que, incluso, abarque a otros compatriotas que aún no se han beneficiado de este estatus, considerando el impacto de los huracanes Eta e Iota que afectaron a unos cuatro millones, directa o indirectamente, a un millón que debieron ser movilizados y medio millón de evacuados de sus hogares que fueron anegados o quedaron destruidos en noviembre pasado.
En abril de 2020, Estados Unidos concedió la última extensión -por 18 meses- para los hondureños inscritos, prolongación que expira el próximo 4 de octubre. Por ley, las solicitudes de ampliación deben ser resueltas 45 días antes que venza el estatus migratorio, que en este caso debió ser el 20 de agosto.
Los migrantes no han dejado de luchar ni han perdido la esperanza. Están de nuevo urgiendo para que se les renueve su estatus legal, sea con plantones o haciendo peticiones directas al presidente Joe Biden y al secretario del Departamento de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas.
Otras organizaciones que trabajan en defensa de los inmigrantes, también han hecho llamados a la administración estadounidense recordándole que no bastará con esta extensión del TPS, sino se debe cumplir con acciones más permanentes que los protejan. “A medida que se agrava la crisis climática, las condiciones en Centroamérica -incluidas el daño económico, pérdida de hogares y medios de vida, la inseguridad alimentaria generalizada y creciente, y la destrucción de infraestructura vital- siguen siendo todas lo suficientemente graves como para justificar la designación del TPS”, declaró hace unos días la Alianza Américas, una de las 200 organizaciones que claman por mejorar la vida a estos centroamericanos a quienes, por ahora, se les acaba el tiempo con su estatus legal como tepesianos.
