Las últimas invasiones de campesinos en tierras de propiedad privada son una clara evidencia que seguimos sin ningún plan que procure reactivar el agro, que hemos ido retrocediendo hasta convertirlo en uno de los grandes fracasos que arrastramos por décadas. No hay ni leyes que se cumplan, ni garantías a la propiedad privada, ni proyectos efectivos que promuevan el crecimiento de los medianos y pequeños productores. No se generan los suficientes empleos en el campo, ni hay apoyo para elevar la producción que alivie el ingreso de miles de familias que aspiran a vivir de la agricultura. Sobre esos ejes para el desarrollo agrario deberían debatir los candidatos a gobernarnos y todos los sectores, los que están directamente involucrados y los que tenemos más responsabilidades con el bienestar de la sociedad y de Honduras.

Pero nos acordamos del agro cuando revientan los conflictos, cuando hay órdenes de desalojos sin cumplir. Cuando la inactividad de los operadores de justicia empeora la situación, generando pérdidas a grandes empresas que reclaman seguridad jurídica y garantías a sus derechos. Son tierras cultivadas, no ociosas, asegura la empresa privada que acusa al Gobierno de dañar la imagen del país y alejar la inversión cuando no hay soluciones para estas plantaciones que cargan con las pérdidas y la tensión de enfrentamientos que se han vuelto violentos. Culpan a los funcionarios que actúan más como políticos y que no han hecho lo suficiente para idear proyectos efectivos con cooperativas o asociaciones campesinas que estén comprometidas y dispuestas a trabajar la tierra, no a venderla como han hecho en el pasado.

El desarrollo del agro es un tema de supervivencia, de empleo y de seguridad alimentaria que necesita inversiones en infraestructura, en verdaderos proyectos de riego, tecnificación, asistencia y sobre todo requiere del apoyo a los productores, capacitarlos y entregarles herramientas que les fortalezca y les dé poder de negociación. Es un eje estratégico, un sector que es clave para la nación, que busca soluciones inclusivas e integrales, diseñadas y supervisadas por expertos.

No es una tarea para asignarla a las Fuerzas Armadas, la última decisión errónea cuando se creó el Programa de Desarrollo Agrícola en 2019, una iniciativa con 4,000 millones de lempiras que van a esfumarse si son mal administrados.

El nuevo gobierno debe asumir con la clara intención de impulsar el desarrollo del sector, tenerlo como prioridad, trabajar en una estrategia definida y realizable que solucione sus problemas y cumpla con el reto de mejorar la vida de nuestros agricultores.