Con la criticada abstención de Honduras, México, El Salvador y Bolivia, y un voto en contra —San Vicente y las Granadinas—, la Organización de Estados Americanos (OEA) recién condenó la ola represiva en Nicaragua que comenzó cuando metieron a la cárcel a políticos opositores, persiguiendo a medios de comunicación, a organizaciones civiles y, últimamente, hostigando a la Iglesia católica y a sus instituciones.
Es el propio presidente Daniel Ortega quien viene alentando las críticas en contra de sacerdotes a quienes acusa por dar refugio a protestantes que huían de las fuerzas de seguridad en las sangrientas protestas de 2018. En días recientes, les clausuró siete emisoras de radio y cerró otros dos medios que prestaban servicios en el interior, ambos de oposición al partido del gobernante, el Frente Sandinista.
Analistas internacionales ya han advertido que esta nueva ola de represión busca allanar el camino del oficialismo hacia las elecciones municipales previstas para el 6 de noviembre, igual que hicieron para las presidenciales de 2021 cuando Ortega se reeligió, por tercera vez, no sin antes mandar a encarcelar a sus principales rivales políticos. Y en lo que va del año, Ortega ha cerrado unas mil oenegés porque, dice, han recibido fondos del extranjero para desestabilizar a su administración.
Además de la difícil situación de derechos humanos que sufren los nicaragüenses, víctimas de una desenfrenada represión, inquieta que el orteguismo sea ejemplo para otros gobiernos de la región y políticos que, ostentando el poder, se envalentonen y desaten sus propias estrategias para deshacerse y acallar a las voces disidentes.
Ahí está Guatemala, de ejemplo, que ha fustigado a jueces y fiscales encargados de casos de corrupción, varios de ellos ya en el exilio. El gobierno chapín, siguiendo los pasos de Ortega, mandó a detener a Rubén Zamora, director del diario “El Periódico” —que ha publicado investigaciones sobre corrupción—, a quien han acusado de lavado de dinero y extorsión. Y en El Salvador, el presidente Nayib Bukele también ataca y desacredita abiertamente a quienes reprueban las medidas tomadas por su gobierno.
El manual de Ortega asegura un control casi total del país, usando métodos represivos, instaurando un estado policial y tribunales obedientes para desalentar todas las voces disidentes; haciendo cambios en la Constitución y desatendiendo los llamados a la democracia, así deban los nicaragüenses sufrir las consecuencias de su aislamiento.
Es un modelo totalmente contrario para quienes anhelamos construir una mejor nación, sin que nos roben la paz ni la libertad.
