Es lo de todos los días. Una tragedia cotidiana para quienes son obligados a vivir bajo la extorsión, que castiga con mayor fuerza a los pobres, a los vendedores y a quienes les proveen productos, a comercios pequeños y medianos, y a los grandes que tienen que entrar a las zonas tomadas por el crimen organizado del sórdido mundo de las pandillas y maras. Ataca sin piedad al transporte, taxis y mototaxis, que deben pagar una cuota mensual para preservar la vida de los motoristas y ayudantes al circular en barrios y populosas colonias. Es tan rentable la extorsión que provoca sangrientas luchas entre los delincuentes por el dominio de territorios que controlan, sobre todo en San Pedro Sula y Tegucigalpa; pero también en las demás ciudades en Honduras.
“Es triste que nuestro país haya quedado en manos de violentos extorsionadores. Dejen de matar, dejen de matarse entre ustedes”, clamaba el arzobispo Óscar Andrés Rodríguez al alertar sobre la ola de crímenes de los primeros seis meses del año, resultado del aumento de la extorsión. Ciudadanos que se habían capeado a estas bandas ahora están sufriendo. Desde pequeños negocios como llanteras, pulperías y talleres —señala un reciente reporte de LA PRENSA— hasta puestos de tortillas pagan el “impuesto de guerra”, del que tampoco se salvan grandes empresas y quienes se dedican al turismo. La Policía no ha podido detener este azote y hay analistas que han concluido que el aumento de la pobreza incide para que más jóvenes se sumen a estos grupos delictivos dedicados a la extorsión. Crece la pobreza, crece la migración y crece el crimen. Parte de ese panorama desolador son las docenas de muertos —especialmente en el sector transporte— y las cuantiosas pérdidas económicas, que se traducen en exorbitantes ganancias para los grupos criminales. Se trata de un negocio que es rentable manteniendo a miles de familias aterradas, que viven en zozobra, que son obligadas a dar parte de sus ingresos bajo amenazas de muerte. Un delito que existe por la ausencia de políticas y medidas que lo combatan. El Gobierno debe asumir con valentía ese enorme reto y montar verdaderas estrategias para la seguridad ciudadana, trabajar en la disuasión del delito y en la prevención de la violencia, mientras la Policía se esfuerza en recobrar la confianza de la población con resultados que solamente vendrán cuando mejoren la investigación y condenas.
Para empezar, esperamos que el ministro de Seguridad, general Ramón Sabillón, cumpla su reciente promesa de tomar acciones que prevengan el cobro de extorsión a los transportistas, con medidas a corto, mediano y largo plazo. Ese sería un buen comienzo para combatirla.
