Hace años que nos hemos convertido en el centro de noticias mundiales tan impactantes que bien servirían de insumo para guiones cinematográficos o de series para Netflix, con la clasificación de contenidos insólitos y dolorosos.
Porque si los norteamericanos son expertos en acción y ciencia ficción, los coreanos en aventuras y romance, y los mexicanos están teniendo éxito con la comedia, los hondureños podemos empoderarnos del género de drama: un expresidente preso, varias temporadas dedicadas al narcotráfico, la crueldad de la extorsión o la impunidad de los corruptos que se mueven en las altas esferas. Por desgracia, hay de sobra material, también, para mostrar a niños y niñas que viven expuestos al maltrato, abuso y explotación. Y sí, la lista es penosamente infinita...
El último hecho es abrumador. Se halló a 38 menores en un centro en el municipio de Tocoa, Colón, todos ellos presuntas víctimas de constantes abusos sexuales, según la denuncia que investigan los agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic).
“Eran amenazados, intimidados y sometidos a tratos inhumanos por parte del personal del Ministerio Puertas Abiertas”, de acuerdo con publicaciones de prensa que tienen horrorizados a quienes han dado seguimiento a la información. Se han hecho varias capturas, incluido un matrimonio que se encargaba de dirigir el albergue, a una sicóloga y cuidadores.
A ellos les falló el Estado, que está obligado a garantizar la protección de los menores, mantenerlos alejados de los depredadores, que son atraídos por estos centros, donde, en ausencia de supervisión, quedan vulnerables a torturas y al abuso sexual, un problema crónico que no ha sido atendido. Se ha fallado en la prevención de este terrible delito y en la urgencia para perseguir y castigar al acosador y al abusador de menores.
Todos los centros creados para convertirse en refugios deben cumplir con estándares de seguridad y atender políticas rígidas para asegurar la integridad a los niños y adolescentes; deben ser dirigidos por gente correcta y emplear a personas capacitadas que provean educación y los mantengan alejados del peligro.
El Gobierno está obligado a actualizar estrategias y destinar recursos para atender esta problemática, mientras las organizaciones de la sociedad civil deben tomar conciencia, involucrarse para reclamar trato digno para los menores. El caso de Puertas Abiertas es un despiadado mensaje para todos. La niñez hondureña no puede seguir fuera de la agenda pública, en completo olvido del Estado y castigada con la indiferencia e indolencia de nuestra sociedad.
