La culpa es de la guerra en Ucrania, dicen, del encarecimiento histórico del petróleo y de lo que hizo y no hizo el pasado Gobierno. Lo cierto es que estamos frente a una inflación sin precedentes. Ha subido de precio todo. Lo vemos en el mercado, en la pulpería, al comprar verduras, frutas y carnes, o en el supermercado, que nos pasa factura por los aumentos impuestos por sus proveedores. Porque de eso se trata la inflación, del alza continua de precios en bienes y servicios.
El encarecimiento no solo afecta a los combustibles y a los alimentos, sino a la energía, transporte, a los alquileres de vivienda, materias primas y a los materiales de construcción, que ha elevado los costos de las obras y promovido el desempleo. De acuerdo con el Banco Central, en el último año también ha subido el costo del agua, de los muebles, de los artículos para el hogar, la ropa y calzado. Se trata de la inflación “más elevada” desde agosto de 2011, han admitido los funcionarios. Lo vemos al ir por gasolina o por diésel, cuando cada vez es más complicado llenar el tanque. Y qué decir de los aumentos en el transporte. Hay incrementos aprobados desde los cinco hasta los 30 lempiras, pero hay empresas que hicieron ajustes de 40 y 50 lempiras, un alza que, con justa razón, tiene molesta a la población que no tiene alternativa para movilizarse.
El aumento a la canasta básica ha sido tan duro que se estima es la segunda más cara de la región, unos 9,400 lempiras, 383 dólares, después de la chapina, que anda en unos 398 dólares. La más barata se compra en El Salvador, seguida por Costa Rica. Estos aumentos apenas se compensan con el nuevo salario mínimo, que recién fue incrementado en entre 374.20 y 734.49 lempiras. Esos son los números fríos que entendemos cuando salimos a comprar y sabemos, por experiencia, que en tema de precios lo que sube no tiende a bajar. Cuando tomamos conciencia de que los ingresos no llegan a amortiguar el impacto de la escalada de precios sobre miles de hogares hondureños.
Falta ver las acciones del Gobierno, responsable de ir más allá de aprobar subsidios, que debe presentar un plan que incluya rebajas de impuestos que beneficien a las mayorías y un obligado recorte del gasto público, tanto en el tamaño como en sueldos. Esos fondos deben servir para aliviar el acceso a alimentos, salud, educación y vivienda. Un programa que impulse la inversión y que facilite la creación masiva de empleos. Y en nuestro hogar, tomar medidas de ahorro, empezando por elegir a las empresas y establecimientos donde no sean avorazados con los precios y nos ayuden a lidiar con esta feroz inflación.
