28/03/2024
12:08 AM

El tasón

    Eliminar la Tasa de Seguridad fue una de las promesas de campaña de la presidenta Xiomara Castro, un asunto que ha quedado en el limbo porque, como dicen, “no es lo mismo verla venir... que platicar con ella”.

    Sobran las razones para admitir que el fondo es necesario para sostener estrategias e instituciones que, aseguran, se mantienen con ese impuesto que pagamos los hondureños.

    El problema, además de ser una grosera carga para las transacciones financieras, es la falta de transparencia en su administración y, por supuesto, la indignante corrupción que también se coló para dañar los resultados esperados en prevención de la violencia.

    Desde que se aprobó, hace una década, el Fondo de Protección y Seguridad Poblacional ha recaudado más de 21,000 millones de lempiras, pero quienes lo administran igual reportan una deuda que anda en los 3,815 millones de lempiras, gastos declarados en “secretividad” gracias a la Ley de Clasificación de Documentos Públicos, que ya fue derogada.

    La pasada administración creó la ley y se aseguró de que la liquidación de esos fondos se blindara, evitando la divulgación transparente sobre el uso de esos millones. Como corolario, hay denuncias que señalan que se destruyó la documentación que daría pistas sobre el rumbo de cuantiosas cantidades que solo aparecen como gastos e inversiones en seguridad ciudadana.

    Se deben casi 2,700 millones a bancos y otros 1,115 millones a otros proveedores de servicios, a pesar de todo lo recaudado por este tributo.

    En resumen, la Tasa de Seguridad está empeñada y no hay información de cómo se utilizan los dineros, que en un 93% provienen de la carga impositiva que paga la población por cada trámite y gestión bancaria y, en menor proporción, a través de diversos sectores comerciales como los sectores de la telefonía móvil o las comidas rápidas.

    En su momento se informó que los recursos de este fondo, creado para enfrentar al crimen común y organizado, han ido directamente al presupuesto de las Fuerzas Armadas, a mantener a la Policía Militar del Orden Público y al Batallón Celaque.

    Se han financiado varias operaciones, se adquirieron radares, el avión presidencial y se construyeron cárceles, entre otros gastos. Pero la falta de transparencia sumada a la cuantiosa deuda y a las denuncias de despilfarro es otro golpe a una sociedad que ha perdido la confianza en sus funcionarios y Gobiernos.

    Una sociedad que tiende a desconectarse de las instituciones públicas, poniendo en riesgo la democracia. Para recuperar esa confianza urge dar transparencia a este y todos los fondos públicos. A ver si vamos aprendiendo la lección.