La derogación del decreto 334-2013 por parte del Congreso Nacional restableciendo la vigencia del 46-90 ha generado controversias y oposiciones por parte de distintos sectores involucrados, de una manera u otra con la cordillera de El
Merendón, su preservación o destrucción.
Para ilustración de los lectores conviene definir lo que se entiende por cota: es la altura señalada en un mapa diferenciando el nivel entre dos puntos, que determina en una montaña, para fines agrícolas y de edificación, a efecto de impedir que fenómenos meteorológicos saturen los suelos con agua, provocando deslizamientos que afectan a las poblaciones aledañas, en este caso las ubicadas en el valle de Sula.
Quienes adversan la nueva puesta en vigencia del 46-90 alegan que está generando pérdidas materiales y desempleo, al quedar paralizados 20 proyectos habitacionales pendientes de su aprobación por parte de la Corporación Municipal sampedrana.
Algo que no puede obviarse es el hecho de que el otorgamiento de permisos de construcción a partir de 2013 ha resultado en actos de corrupción por parte de autoridades edilicias, algo que es del conocimiento del actual alcalde.
Y es que progresivamente se han talado bosques en la cordillera para edificar mansiones, con ello afectando el clima y los recursos hídricos ubicados en El Merendón, impactando la calidad de vida de las comunidades; poderosos e influyentes intereses económicos se han valido del 334-2013 con visión de lucro aun si ello significa un evidente daño ambiental, que no puede ser desmentido.
Pensando y actuando con visión de mediano y largo plazo, debe protegerse el pulmón principal de San Pedro Sula, cuyas temperaturas continúan al alza en tanto las fuentes hídricas, superficiales y subterráneas, los acuíferos, van decreciendo de manera alarmante, en tanto el crecimiento demográfico crece aceleradamente.
Por el contrario, si prevalece el horizonte cortoplacista, la inevitable destrucción de El Merendón está garantizada más temprano que tarde, provocando un verdadero desastre ecológico de enormes proporciones. Será ese el legado que heredarán las próximas generaciones recayendo la responsabilidad en quienes conspiraron para tal efecto.
Ser destructor o ser protector: ese es el dilema y la alternativa, tanto para quienes ejercen autoridad como para la población, que de permanecer indiferente, lamentará tardíamente lo que se está perpetrando.
Debe encontrarse el punto de equilibrio entre ambas posiciones, en función del bien común, no del beneficio particular.
