No obstante todos los avances que se han dado en los últimos años en relación con la descentralización de la gestión gubernamental en Honduras, lo cierto es que hay todavía un largo camino que recorrer, sobre todo en lo que tiene que ver con la autonomía financiera de las municipalidades.
A excepción de algunos municipios, que son además cabeceras departamentales, en el resto o sólo se realizan obras de muy modesta envergadura o se vive con la mano extendida hacia el gobierno central a la espera del subsidio o de la transferencia de fondos.
En los países desarrollados del mundo la autonomía municipal ha sido determinante para el progreso de las comunidades.
Y esta autonomía no sólo ha tenido que ver con la construcción de obras públicas sino también con el manejo de la educación o de la salubridad. Todavía no se logra entender porque en Honduras no sólo hay miedo a las municipalizaciones sino que se parte de la idea que las autoridades locales son incapaces de hacer una gestión eficiente y decorosa.
La empoderación del municipio no sólo permite que el gobierno central se ocupe de asuntos de proyección nacional sino que despierta en las comunidades un sentido de responsabilidad y un deseo de hacer lo que se debe en relación con la propia población.
Además, cuando las decisiones se toman en la capital de la República, sin conocer en detalle la problemática local, se presta a que no se atiendan las necesidades más sentidas de los pobladores del municipio o que se facilite de muchas maneras la cadena de la corrupción o el encarecimiento deliberado de las obras. Luego, en lo atinente con la educación y la salubridad, la acción municipal se minimiza y todos los servicios y todas las decisiones proceden de Tegucigalpa, en donde se maneja una problemática tan densa y variada que hace que, y no por descuido o maldad, no se preste la atención debida a las solicitudes y peticiones que llegan desde todos los puntos cardinales del país.
Encima, aunque la Ley ordena la transferencia, a cada una de las municipalidades, de determinado porcentaje de los impuestos recaudados por el gobierno central, la verdad es que esta acción no se acomete con la diligencia indispensable o se interpone el componente político, de modo que se pone trabas a los municipios cuyos alcaldes son de partidos distintos a los del Presidente de turno y sólo se atiende con relativa prontitud a los correligionarios.
Ojalá que el gobierno que recién comienza dé un giro positivo en este tema y, para el bien de las comunidades más postergadas, ponga a disposición los recursos necesarios para potenciar la autonomía municipal.
