29/11/2022
03:33 PM

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Amnistía

    ¿Se acuerdan de aquello de que el que la hace la paga? Ya casi apenas ha quedado en consejo, o en recuerdo empolvado porque los espacios de la impunidad van cobrando mayor dimensión incluso con el adjetivo de “políticos” hoy en boga referido a funcionarios, cuya labor debió ir a los tribunales. La anunciada lucha contra la corrupción quedó en más de lo mismo, pues a las reformas del Congreso pasado se suman las recientes con el paraguas de amnistía.

    Las consecuencias de las reformas penales ya se están viendo en sentencias judiciales que sorprenden, pero “dura es la ley, pero es la ley”. En estos casos es la ley, pero en el extremo contrario apenas hará cosquilla, pues la dureza se ha convertido en gran flexibilidad para que se cumpla el otro dicho popular: “Hecha la ley, hecha la trampa”.

    Las reacciones, incluso en el partido de Gobierno, han sido de repudio. Únicamente refleja una situación de impunidad similar a la del anterior Congreso Nacional, señala el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Cohep. “Un nuevo pacto de impunidad” es el calificativo del ministro de Transparencia y Combate a la Corrupción, Edmundo Orellana.

    Dejaremos a los juristas que identifiquen plenamente la dimensión de la amnistía, cuyo significado primigenio giraba en torno a letra griega alfa, conocida como privativa, y memoria. Es decir, olvidar el pasado, echar tierra sobre él y que quede sepultado, como mente en blanco de hechos en los que la legalidad y la ética estuvieron ausentes.

    Gran descaro el “discursear” sobre tiempos mejores, convivencia armoniosa y triunfo de la justicia si los niños y los jóvenes siguen viendo, aún en su familia, esos ejemplos y esos “triunfos” con daño directo en la sociedad. La bandera del mejoramiento de la educación, la creación de empleo, la universalización de la salud y la recuperación de la seguridad se mueven en el campo de la dialéctica para desembocar en habitual demagogia, cuyo costo sigue siendo insoportable para los hondureños.

    Algún moralista nos recordaría aquello de perdón y olvido, pero ni uno ni otro si no hay reparación del daño y devolución de los recursos dilapidados. Pareciera piadoso y hasta beato, pero no habrá cambio si a cada uno no se le exige responsabilidad, decencia y ética en el manejo de los bienes del Estado.

    La impunidad, por decreto del Congreso, por deficiencias en los organismos de justicia o por “bajo, bajo” en la acción administrativa es barrera muy común para no pagar lo que se hace y, con ello, acabar con la escasa confianza en las instituciones del Estado y en las personas que gobiernan.