En ese mar de frustraciones nos estamos volviendo expertos nadadores. La última lección la estamos recibiendo con la nueva identidad, porque nos han tenido “como vaca en procesión”. Y tras la confusión puede venir la turbulencia.
En los últimos meses nos han endulzado con la persistente campaña de ir a reclamar el DNI, el Documento Nacional de Identificación. Primero, porque iba a ser crucial para ir a los comicios de las primarias del 14 de marzo, pero al final no fue así y esa entrega ha sido eso, un mar de confusiones. El sitio online del Registro Nacional de las Personas (RNP) ha mostrado lentitud para dar información, no ha logrado su propósito de guiar y aligerar la entrega que ahora ha quedado suspendida argumentando el covid-19 y admitiendo “problemas con la estrategia”.
En este punto ya se les dio rienda suelta a las más diversas conjeturas por estos impasses, comenzando por la absoluta improvisación al haber tenido a la población en ascuas y confirmando, finalmente, que deben mejorar el proceso que ha sido incómodo y frustrante. Se atrasó la entrega en enero, febrero y marzo. Y ya no se entregará en abril, sino hasta mayo.
Esa desorganización es preocupante porque se trata del documento más importante que tiene el ciudadano y ya hay movimientos políticos que presagian un caos para las elecciones generales del 28 de noviembre. Y es que, el proyecto Identifícate se concibió para garantizar la transparencia y eficiencia del proceso de enrolamiento de personas y la modernización de la identificación a través de la creación de un nuevo registro digital biométrico que evitaría, o al menos reduciría, los fraudes con las elecciones “estilo Honduras”.
Al proyecto se le asignaron $70.7 millones —más de 1,740 millones de lempiras—, de los que $63 millones son de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), $7.3 millones del Presupuesto Nacional y $243,000 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el encargado de su administración y de la ejecución de los fondos. También suma —si se concretó— lo ofrecido por la Unión Europea.
La emisión de las 5.5 millones de tarjetas se encargó al consorcio Thales-Selp, a un costo de 10.3 millones de dólares (unos 255 millones de lempiras).
En este punto y con tantos problemas álgidos por superar, esperamos que el RNP finalmente organice esa entrega, cumpla con las expectativas y con el nuevo cronograma. Que dé cuentas de esos fondos y que las aves de mal agüero esta vez no tengan razón.
