Honduras se ha comprometido a reabrir, cuanto antes, sus centros educativos que han permanecido cerrados desde hace un año por la emergencia decretada por la pandemia del covid-19.
Las autoridades han admitido que es “prioritario y urgente” retornar a las clases presenciales de una forma gradual mientras se mitiga el contagio.
La decisión fue adoptada en la última reunión del Consejo de Ministros de Educación de Centroamérica, una región afectada donde se estima que 12 millones de estudiantes aún no han regresado a las aulas.
Honduras, Panamá y Belice siguen sin clases presenciales, mientras que El Salvador anunció que comenzará en abril. En Guatemala, Nicaragua y Costa Rica ya retomaron la enseñanza presencial.
Costa Rica fue uno de los primeros países en reabrir parcialmente sus escuelas este 2021, pero también en iniciar la vacunación contra el covid-19, una condición esencial para contener el contagio desde las escuelas y colegios.
Según la Unicef, América Latina y el Caribe son las regiones más afectadas del mundo por el prolongado cierre de escuelas. “Tres de cada cinco niños y niñas que perdieron un año escolar completo en todo el mundo se encuentran en la región” y “el 60% de todas las personas estudiantes de América Latina y el Caribe aún no han tenido acceso a clases presenciales”.
Y sí, todos los sectores, maestros, autoridades y padres de familia son conscientes y coinciden que la reapertura es necesaria y urgente para reafirmar el derecho a la educación, un retorno a las aulas atendiendo los protocolos sanitarios que exige la emergencia sanitaria.
También el Gobierno debe escuchar las voces de los dirigentes magisteriales que exigen se priorice la vacunación en la comunidad educativa y que se mejore la infraestructura hidrosanitaria en los centros escolares, muchos de ellos con un problema crónico por la falta de agua. Pupitres, techo, aulas dignas y suficiente agua es lo menos que debería tener un maestro para cumplir con la enseñanza básica en un país en donde no se ha logrado dotar de computadores ni de internet a los alumnos de la educación pública.
