La entrega del Programa del Desarrollo Agrícola de Honduras (PDAH) a las Fuerzas Armadas ha recibido los más distintos calificativos, el más favorable de los cuales fue de “ilógico”, pues está fuera de todo pensamiento regular y expresión, ajustada al contenido y continente, la adscripción de la dirección agrícola a la jefatura militar, según queda establecido en el decreto ejecutivo publicado en la Gaceta el 18 del mes pasado.
“A través de la creación de una Dirección de Desarrollo Agrícola (C-10) en la Jefatura del Estado Mayor Conjunto para la ejecución del Programa y que será el ente encargado de estructurar, ejecutar y administrar el Programa”, señala el decreto de 11 artículos, en uno de los cuales se asignan los recursos, cercanos a los 4,000 millones de lempiras, para los próximos cuatro años.
El texto constitucional al que apela el sector oficial para explicar y justificar la asignación de la responsabilidad agrícola es traído de los cabellos, pues aunque señala la cooperación en labores de alfabetización, educación, agricultura… y situaciones de emergencia, no cabe que hayan de ser los rectores, directores de tareas agrícolas, sino respaldo a quienes son los protagonistas, fallidos en numerosas ocasiones, de la producción agrícola, ganadera, conservación de recursos naturales y defensa del ambiente con políticas agrarias amigables.
Las deficiencias en el agro son tales que abarcan desde un Instituto Nacional Agrario, muestra de museo; Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, con condonaciones y morosidad, y la Secretaría de Agricultura y Ganadería, tan apegada a la burocracia que la negativa, a cal y canto, al traslado de sus oficinas es evidencia de vida cómoda.
Modernizar estos organismos para fortalecerlos puede constituir la ruta más larga y difícil, pero la más acertada y eficiente e incluso legal para dinamizar las labores agrícolas y, en un ambiente de tantas necesidades, como el nuestro, producir para comer y aspirar a exportar con una producción creciente y de calidad.
