La aprobación del nuevo
Código Penal ha causado el ruido que se esperaba. Es imposible que ante la magnitud de un proyecto como ese todas las partes queden satisfechas y contentas. De alguna manera, cada quien vela por sus intereses o por la libertad indispensable para el ejercicio de su profesión,
como en el caso de los comunicadores, o se siente amenazado cuando una nueva disposición legal entra en conflicto con su conducta personal o su habitual manera de conducirse.
Es claro que la ley busca siempre proteger a los más débiles y desprotegidos, así como regular los procederes particulares con el fin de salvaguardar la convivencia civilizada.
Toda legislación posee un carácter punitivo para el que se opone abiertamente a ella y la violenta, y una intención de ejemplaridad para que la comunidad no se sienta tentada a actuar al margen de ella. Y, en ambos sentidos, todo marco jurídico es bueno y necesario y, sin él, la sociedad humana sufre riesgo de descomposición casi inmediata.
Sin embargo, todas las leyes, por buenas que sean, deben tener como premisa el compromiso de todos de sujetarse a ellas y de respetarlas como algo sagrado. De ahí que, aunque no el ciento por ciento de los miembros de la sociedad estén de acuerdo con sus postulados, la mayoría sí debe respaldarla y velar por su cumplimiento.
La dificultad surge cuando, en primer lugar, han faltado consensos para su elaboración o, en segundo, hay ausencia de la indispensable confianza en los que deberán hacer que se cumpla. Lo primero se resuelve con la aproximación de los legisladores a los distintos grupos representativos de los intereses comunes y, lo segundo, cuando la aplicación de las disposiciones legales se lleva a cabo de manera expedita y sin que sea obstaculizada por intereses individuales o de grupo. Tienen, en este caso, un enorme compromiso fiscales, jueces y magistrados, ya que de ellos dependerá que la ley se respete o que, otra vez, se convierta en papel mojado, o que se haga realidad la cínica sentencia que reza: “hecha la ley, hecha la trampa”.
Luego de casi dos siglos de historia republicana, con altos y con bajos, con interrupciones poco honrosas y momentos de verdadera lucidez, el país necesita madurar en respeto y veneración a la ley. Porque leyes no nos faltan, lo que falta es que nos sometamos a ellas y no violentemos nunca su majestad. De otro modo no podremos considerarnos ni plenamente cultos ni plenamente civilizados.
