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Comisiones de acompañamiento

San Pedro Sula, Hoonduras

El reclamo de las mayorías ante la impasibilidad, rayana en complicidad, de los Estados de la región para luchar contra el cáncer de la corrupción obligó al Gobierno guatemalteco a solicitar a la Organización de las Naciones Unidas la presencia de la Cicig en ese país. El propósito era que la Cicig acompañara a las entidades nacionales constituidas a investigar y denunciar aquellas situaciones en las que se habían dado evidentes casos de corrupción o latrocinio público y sobre las que no se había actuado con contundencia. Producto de la labor de la Cicig es que un expresidente, así como su vicepresidente, guardan prisión en Guatemala.

La creación y gestión de la Cicig movió a muchos hondureños a solicitar al Gobierno la instalación de una entidad similar en el país, por lo que este pidió a la Organización de Estados Americanos que le ayudara a constituir lo que hoy es la Maccih.

Resulta claro que la existencia de organismos como la Cicig o la Maccih no dejan de ser un reconocimiento de que las entidades creadas para perseguir el delito e impartir justicia en estos países no han cumplido cabalmente con el cometido que el Estado les ha confiado. De ahí que la gente espera de ellas más allá de sus competencias o razón de ser, ya que, objetivamente, una comisión o misión de acompañamiento no puede estar por encima de la legislación nacional ni extralimitarse en sus funciones.

Lo que ha sucedido en Guatemala, independientemente de las simpatías o las esperanzas que pueda haber despertado la Cicig, no es más que la reacción de un Estado que se ha visto prácticamente sometido por un funcionario internacional que, de acuerdo con el criterio del presidente Morales, ha rebasado sus áreas de competencia y generado más problemas que soluciones.

La presencia de cualquier comisión de acompañamiento, en cualquier país del mundo, debe ser, tal y como lo dice la palabra, de ayuda, de colaboración, no de sustitución ni de relevo, a menos que se quisiera renunciar a la soberanía jurídica y destruir el estamento legal propio y cederlo a los organismos internacionales. Es más, el acompañamiento debería tener una fecha de inicio y una de conclusión, o bien definir misiones concretas para que se solicite su auxilio.

Lo que no está bien es ver estas comisiones como actores alternativos o sustitutivos de los ya legítimamente establecidos, puesto que se corre el riesgo de crear ingobernabilidad en el sistema legal o, por lo menos, generar falsas expectativas en una población que espera una impartición más ágil y certera de justicia.