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Soberanía tutelada

La decisión del Gobierno de la hermana república de Guatemala de prescindir de la Cicig para continuar con la lucha contra la corrupción y la impunidad en ese país ha provocado un ruido notable entre los Gobiernos que la han financiado y apoyado, así como entre aquellos actores internos que han encontrado en ella la respuesta, por tanto tiempo deseada, para acabar con dos de las situaciones, corrupción e impunidad, que más daño han causado al desarrollo de los países de la región y tantas otras naciones del mundo.

Difícilmente se podría estar en desacuerdo con cualquier proceso de profilaxis social que signifique una batalla en contra del robo, solapado o descarado, en estos pueblos sumidos en el atraso por culpa de grupos y personas que, haciendo uso de puestos y relaciones, se han beneficiado particularmente y han olvidado que el bienestar es una aspiración común de toda la ciudadanía y no solo de unos cuantos privilegiados. Sin embargo, tampoco podría negarse que la presencia de entidades que superan las estructuras ya establecidas en la Constitución y en las leyes no deja de ser una cesión de soberanía o, por lo menos, la aceptación de que esta necesita ser tutelada.

Desafortunadamente, tanto la historia remota como la próxima han demostrado que, hasta ahora, no hemos sido plenamente capaces de impartir justicia a tiempo y de manera general, y que más bien nuestro sistema ha mostrado permanentes sesgos y carencias, aparte de una politización que le resta confiabilidad.

La presencia de la Maccih en Honduras es una clara demostración de la falta de madurez de las entidades llamadas a impartir justicia, por lo que, más que como una solución permanente, debe verse como una medida temporal que actúe como catalizador de situaciones puntuales o hechos en los que, por falta de voluntad política o por miedo, no se haya impartido justicia.

A veces, un veedor externo aporta una perspectiva más objetiva, desinteresada y que excluye compromisos contraídos tácita o expresamente con personas o grupos de interés; pero su presencia no debe considerarse indefinidamente. Debe llegar el día en el cual nuestros operadores de justicia tengan la independencia y el valor para proceder en contra de los ladrones del erario sin que, desde fuera, se nos vigile ni tutele. El proceso de maduración puede tomar años, y es posible que durante todo ese tiempo nuestra soberanía haga uso de la tutela externa; no obstante, sin renunciar al derecho al autogobierno y al ejercicio de una independencia que como país soberano nos merecemos.