Una de las mayores manifestaciones de la desigualdad de oportunidades es el costo de acceso al crédito. Las discrepancias en el acceso producto del alejamiento geográfico, falta y dificultad de construir un historial, pocas y precarias garantías y falta de conocimiento del tema es sustancial.
Estas dificultades magnifican los efectos de la marginalidad al formar parte de un ciclo vicioso que se refuerza continuamente. Por tanto, las personas que menos tienen están condenadas a pagar intereses altos y ser vulnerables a distintas formas de abuso. En grandes sectores de la sociedad no se opera con empresas, por lo que no solo limita las finanzas personales, sino también las actividades productivas y comerciales.
El crédito informal, por vía de prestamistas particulares, tiene la desventaja de tener unos intereses altísimos.
El problema es agravado (por obvias razones) porque en muchas zonas este se encuentra en manos, directa o indirectamente, del crimen organizado.
El crédito informal, además, no construye historial de riesgo ante terceros, por lo que resulta difícil expandir la capacidad de acceder a más fondos en mejores condiciones.
Este crédito informal se puede unir, a través de la aplicación correcta de la Ley de Garantías Mobiliarias, con mecanismos de seguridad. La aplicación de la ley no ha dado los resultados esperados porque es necesario descentralizar y simplificar más su aplicación.
Otra limitante es que no existen incentivos (positivos o negativos) que ayuden a regularizar a los prestamistas.
Estos pueden incluir: encontrar una forma de desarrollar productos de seguros flexibles y accesibles; simplificar los registros con la autoridad tributaria, y que la CNBS estudie el problema y cree algún tipo de reglamentación práctica.
