El paquete de medidas fiscales de reciente aprobación no merece un análisis especial ya que lo mismo que se ha dicho de los anteriores se puede aplicar a este mismo. Se trata de un esfuerzo del partido ganador de las elecciones pasadas de cuadrar las cifras sin tocar las causas del problema fiscal a fondo. Es más, el paquetazo intenta resolver los problemas de las finanzas públicas gravando más el consumo de la población y con promesas, sin sustentación real, de reducir el gasto público, que en gran medida sigue condicionado a fines extraños a la política económica de impacto social y económico. Cuando se lee el texto del paquetazo vuelve a la mente lo que en diferentes ocasiones, desde el Colegio de Economistas y en forma particular hemos venido insistiendo: tampoco se puede exigir ningún sacrificio adicional a los hogares hondureños con un planteamiento gubernamental que sigue montado sobre lo tradicional y que por lo consiguiente no tiene posibilidades reales de hacer nada diferente por el país y su economía. En resumidas cuentas significa pedir sacrificios para seguir sustentando un aparato proclive a la corrupción e ineficiente; para financiar una compensación social desenfocada y para empezar a pagar el servicio de la deuda pública que aumenta peligrosamente. Por más que insistan que es doloroso pero necesario este paquetazo, se falta a la verdad; no se requiere elevar al 15% el impuesto sobre ventas para tapar los agujeros. Para enderezar la calamitosa situación se necesitan sobre todo medidas que castiguen los delitos, abusos y el despilfarro tanto en la recaudación como en el gasto. Y como todos sabemos lo anterior no lo cometen los ciudadanos, sino las estructuras de los grupos privilegiados cimentadas por décadas en el presupuesto de la república. Hasta lo que percibo, castigar la corrupción o el despilfarro no es impopular. Por lo tanto, tampoco debería ser impopular y doloroso para la población un ajuste fiscal que combata estos males. Pero como no hay voluntad ni fuerza por parte de los que gobiernan y legislan para hacerlo, se van introduciendo una amplia lista de medidas para sacar un poco más. Seguido a un párrafo donde se eliminan las exoneraciones sigue una lista de hasta veinte excepciones a la voluntad original. Quedan intocables y sagradas las exoneraciones fiscales convertidas en incentivos permanentes y amplios para los mejor conectados con el poder. Quedan intactos los mecanismos de evasión y defraudación que se acentúan con instituciones débiles y funcionarios cómplices. Persiste la intención de vender hasta la última empresa pública a pesar de saber del potencial de crecimiento y de los ingresos que pueden producir para el sector público.
El gobierno nacionalista que se aproxima amenaza desde antes de su inauguración con seguir el mismo camino de los anteriores. Seguirá haciendo cuentas al final del año y dándose cuenta que no le resultan los cálculos, para posteriormente embarcarnos en un proceso adicional de endeudamiento que se volverá insostenible y corriendo a medidas de última hora para intentar limpiarse la cara con un discurso populista y falso.
