No se ha dicho una palabra sobre ellos. Ni el Gobierno, líder de una política draconiana, persiguiendo a sus líderes y frenando sus acciones, ni, menos, la oposición. Nasralla, que en la pasada campaña, desde una postura que recordaba a las tesis que el hombre es bueno y la sociedad lo pervierte, criticaba al Gobierno y se declaraba su amigo, no los ha mencionado, ni para mal o bien, pero están allí, y ocupan espacios muy fuertes en las principales ciudades del país.

En tales espacios son ellos, no los líderes políticos y menos el Gobierno, quienes dan seguridad y deciden quiénes van a ir a votar y cuándo. Y, como ocurriera en las pasadas elecciones generales, a los que habían cambiado de residencia y volvían a votar no los dejaban entrar a las zonas bajo su control. En algunas urnas, colocadas en esas colonias bajo control de las maras, el Partido Nacional en algunas de ellas no tuvo representación en las mesas y en el conteo final no consiguió un voto siquiera.

Aunque las maras son una prueba de la anomia social, su desajuste es poco estudiado. Las universidades no las ven como objeto de investigación. Y la Policía, situada en primera línea combatiéndolas, tampoco.

Apenas hay un trabajo del comisionado Sánchez, al cual no se le da divulgación –nuestros activistas tienen alergia al papel– pese a su valor y profundidad de sus hallazgos. Sabemos muy poco de su número y de los espacios controlados. Como también de su forma de penetrar en estratos que, tradicionalmente, han sido dominados por las clases medias y superiores de nuestro país. Porque el fenómeno de las maras, como todos los que forman parte de la estructura social, tiene un dinamismo extraordinario.

Por lo que, como analistas, no dejamos de extrañarnos de su escasa mención en el torneo electoral que concluirá el próximo domingo. Y porque nos resistimos a creer que, porque no se mencionan, hayan desaparecido. Resulta extraño que en la campaña anterior Xiomara Castro decía que los militares –que junto con la Policía combaten a los pandilleros– regresarían a sus cuarteles, en una franca crítica a su utilización en la lucha antimaras--, y Salvador Nasralla se declaraba amigo suyo y casi insinuaba que pactaría con ellos un tratamiento más basado en el acuerdo que en la persecución. Ahora sencillamente se les ignora, como si no existieran o se hubiera firmado un pacto con ellos. En los análisis no descartamos ninguna posibilidad.

Su peso electoral, con todo, no puede pasarse por alto. Es evidente que votarán en contra del Partido Nacional, que les ha combatido frontalmente. Se inclinarán bien por Libre o por Nasralla y que, como hiciera Bukele en El Salvador, les hayan ofrecido a sus líderes un pacto para que la lucha en su contra bien mengüe, cambie o tenga estrados diferenciados, para grupos igualmente diferenciados. Y que, si atendemos a las pocas cifras disponibles, hay que esperar que su inclinación –que puede ser uniforme porque forman parte de un grupo social muy “militarizado”– pueden ser un factor que, al final de cuentas, incline los resultados. Consideramos que en ciudades muy grandes como Tegucigalpa y San Pedro Sula no serán el factor decisorio en caso de que salgan a votar. Pero no cabe ninguna duda de que en poblaciones medianas como Siguatepeque, Choluteca, La Ceiba, Olanchito, Danlí y Juticalpa pueden inclinar la balanza en favor de los que, disputando “el trofeo presidencial”, no rechazan ningún voto. Todos son útiles. O puede ocurrir, no lo sabemos, que tengan sus propios candidatos para el Congreso Nacional o las alcaldías, nunca se sabe.

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