En nuestro país, hasta el gobierno del presidente Gálvez se inició la profesionalización de las Fuerzas Armadas. Anterior a esto, las mismas no tenían un carácter profesional ni un escalafón, y más bien eran brazos armados del gobierno de turno.

El primer acto político se dio desde casi su nacimiento, al asignarle a sus oficiales todas las comandancias regionales previo a las elecciones de 1954, con la obligación de arbitrar el proceso electoral.

Aunque garantizó que este proceso electoral se llevara en relativa paz y limitando el fraude y abusos, introdujo un componente partidario en la organización.

La irrupción de las Fuerzas Armadas en la política como actor primario se observó al dar un golpe de Estado en 1956, el cual fue apoyado por buena parte de la sociedad.

Su función tutelar quedó establecida en la constitución de 1957, por lo cual la legitimidad del gobierno quedaba dependiente de su beneplácito. El proceso culminó de forma trágica con el golpe de estado de 1963.

Estos procesos se vieron en diferentes países, con gobiernos de cualquier tendencia ideológica que se apoyaran en la militarización del estado.

Tanto la caída de Jacobo Árbenz y Miguel Ydigoras en Guatemala (los dos militares de carrera), Isabel Perón en Argentina y Juan Bordaberry en Uruguay (ambos en 1976), y la de Salvador Allende en Chile en 1973, fueron precedidas por un progresivo crecimiento en la participación (o aceptación de la tutela) militar en el gobierno.

Estos son casos espectaculares, pero en muchos otros se ha afectado el respeto institucional y las capacidades de los ejércitos al traerlos a la política. Todos los actores (incluyendo los militares) coincidieron en que este no era el manejo correcto de la república, regresándose al orden constitucional.