“Es imperativo derogar leyes aprobadas por el Congreso Nacional saliente que han socavado la institucionalidad y fomentado la corrupción en el país. Ese fue el mandato que dio el pueblo a través de las urnas el 28 de noviembre de 2021.

Lo anterior es, en paráfrasis, lo declarado por diputados recién electos que se aprestan a ocupar una curul en el hemiciclo. En realidad, si los hondureños votaron en forma masiva por la alianza formada por el Partido Libre y el Partido Salvador de Honduras es porque quieren un cambio en el país que signifique borrón y cuenta nueva a los desaciertos del agonizante Gobierno nacionalista.

Las bancadas de los partidos aliados esperan contar con los votos de una facción del Partido Liberal para lograr mayoría en el entrante Congreso y derogar leyes que, a juicio del Gobierno que encabezará Xiomara Castro, han sido nefastas. Entre los acuerdos legislativos a derogar están la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (Zede), la Tasa de Seguridad, las últimas reformas al Código Penal, la Ley de Secretos y las reformas de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos.

Ese mandato electoral, al que se refieren los nuevos diputados, también va dirigido a que los congresistas depongan sus intereses partidarios o particulares como ha sucedido en los Congresos anteriores en los que, las componendas en los oscuros pasillos del hemiciclo han prevalecido para aprobar leyes que en nada favorecen al soberano.

El pueblo no quiere más diputados que se presten a legislar a favor de la corrupción y la impunidad por consignas partidarias o por lealtad al poderoso caballero don dinero. Exige que legislar deje de ser un negocio para los políticos.

Juan Jiménez Mayor, exjefe de la desaparecida Misión contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih), denunció, en su momento, la existencia de una red de diputados que se apropiaron de fondos públicos destinados a las oenegés en la legislatura saliente. El caso es que el Congreso entregó a los parlamentarios fondos para ayudar a sus comunidades; pero resulta que estos armaban falsos proyectos comunitarios que no se ejecutaban, para embolsarse esos recursos.

Ahora que está por estrenarse el nuevo Gobierno, instituciones aliadas contra la corrupción están pidiendo que venga a poner en cintura a los deshonestos una entidad como la Maccih, la cual se fue del país por obra y gracia de la denunciada red de “honorables padres de la patria”.

En el caso de la elección del presidente del nuevo Congreso Nacional, el papel de los legisladores ante la disyuntiva sobre si se debe respetar o no el acuerdo entre Libre y el PSH debe ser preguntarse primero qué pediría el conglomerado que los eligió para así tomar una decisión acertada. Si se dejan llevar por conveniencias políticas o juegos de mano bajo la mesa, estarían desobedeciendo el mandato del pueblo.