Ahora que la carrera electoral ya ha comenzado y al menos una docena de compatriotas han presentado sus candidaturas oficiales a la Presidencia de la República, es un buen momento para preguntarnos por los planes de gobierno que cada uno de esos candidatos está obligado a presentar ante los electores para que estos sepan a qué atenerse en caso de que tal o cual candidato resulte electo presidente.
La legislación electoral exige la presentación de un plan de gobierno junto a otros requisitos concretos para permitir la participación oficial de los candidatos. De esta manera, el mencionado plan se convierte en una condición, un requisito que se debe cumplir a como dé lugar para sortear lo que muchos consideran un obstáculo a salvar. Los partidos mejor organizados forman comisiones de expertos, reales o supuestos, que se dedican a elaborar el plan del candidato. Algunas veces lo que hacen es una lista de medidas que, a su sano juicio, deberán poner en práctica en caso de sacarse la lotería y llegar a la Presidencia. Otros, más responsables y profesionales, identifican los problemas claves del país y diseñan los ejes de las políticas públicas que son necesarias para enfrentarlos.
De todo hay en la viña del Señor.
Existe una Ley de Plan de Nación, aprobada en los inicios de la administración de don Porfirio Lobo, que bien podría dar pie para la elaboración de los futuros planes de gobierno. Es un documento serio, diseñado con profesionalismo y rigor académico. Es una lástima que tan pronto como se aprobó, de la misma forma se olvidó. Misiones de burócratas entrenados a la carrera en el manejo de su contenido viajaban a los municipios para explicar a los alcaldes las interioridades del nuevo documento, sin lograr convencerlos plenamente y, a veces, sin lograr que los destinatarios del plan lograran entenderlo y, por lo tanto, interiorizarlo y, más aún, aplicarlo.
Los encargados de diseñar el presupuesto de la nación ni siquiera tomaban en cuenta las prioridades del plan para hacer la distribución de los recursos. Los planificadores oficiales olvidaban que un buen plan de nación requiere inevitablemente de un plan de reordenamiento territorial. En fin… parece que el plan de nación que tanto había entusiasmado al presidente Porfirio Lobo se quedó en puro papel mojado y su tiro de gracia lo recibió cuando fue eliminado el ministerio que estaba llamado a aplicarlo y supervisarlo.
Ese ha sido el triste destino de este y otros planes que se han diseñado, pero que no se han puesto en práctica. Para ejemplo, basta mencionar el Plan Nacional de Desarrollo para “la actualización histórica de Honduras”, documento valioso que un grupo de técnicos elaboró en el año 1973 para el Gobierno militar en los tiempos del llamado “reformismo castrense”. Un acto escandaloso de corrupción conocido como el soborno bananero o “bananagate” dio al traste en abril de 1975 con aquel plan y con el mismo Gobierno.
Aunque no hay muchas razones para pensar que en esta ocasión las cosas pueden ser diferentes, no deja de resultar alentador que algunos partidos han conformado comisiones de redacción del plan de gobierno con personas serias, estudiosos aplicados de la realidad nacional y profesionales reconocidos en el escenario local. Es el caso concreto del Partido Libertad y Refundación, por ejemplo. Seguramente, los liberales y los nacionalistas harán otro tanto, aunque, a juzgar por las declaraciones públicas de algunos dirigentes, habrá que esperar más de lo mismo.
Los otros partidos, los llamados “emergentes” o “pequeños”, todavía no han informado sobre sus equipos de expertos para preparar los planes de gobierno que la ley les exige. Si son conscientes de sus propias limitaciones, se limitarán seguro a presentar listas de promesas, muchas de ellas inalcanzables, para poner en marcha en el caso remoto de que alcancen a tocar la utopía del poder presidencial. Como ya dijimos “de todo hay en la viña del Señor…”
