El “abultamiento” demográfico de la población de adolescentes y jóvenes produce un aumento en las tasas de violencia y de los desafíos del desplazamiento acelerado de personas. La migración interna (urbanización) y la emigración constituyen factores que aumentan la incidencia de la violencia en condiciones de seguridad pública estable. Es decir, sin contar el efecto del crecimiento del tráfico de drogas, crimen organizado y grupos delictivos, las condiciones están dadas para un nivel de violencia creciente.
Es un hecho probado por las ciencias sociales que la cantidad de violencia en una sociedad está correlacionada con la cantidad de adolescentes y adultos jóvenes, en particular del género masculino. Las estadísticas del Observatorio de Violencia de la Unah indican que las edades entre 20 y 34 años son víctimas de homicidio a una tasa global del doble del promedio (no hay estadística de hechores), que se puede interpretar como una doble propensidad a participar en actos de violencia que la población en general.
Igualmente, la tasa de homicidios en las cabeceras departamentales (que es lo que más coincide con la población urbana, para un modelo simplificado) es superior al resto de los municipios en un promedio de un 65%. Esta población urbana continúa aumentando en términos absolutos y también relativos, gracias a la continua mudanza de personas de comunidades rurales a asentamientos más grandes.
Esta migración interna actúa primeramente poniendo presión en las débiles estructuras sociales, al introducir más personas a comunidades que pueden dar servicios precarios a las ya residentes, que en su mayoría también son llegados recientes. Si a estos se le suma la emigración de madres y padres, solo mantener el statu quo requiere gran esfuerzo.
