25/04/2024
09:38 AM

Los jueces fuera de Tegucigalpa

Juan Ramón Martínez

Una vez recuperada la lucidez y superada la epidemia histérica de las élites adoloridas por la salida de la Maccih, es necesario prestarle atención a los jueces, la forma cómo imparten justicia y su fuerza para superar la influencia y el poder que ejercen sobre ellos los poderes sociales, políticos y económicos ligados a las causas sometidas a su consideración.

Muchos creen que Honduras es Tegucigalpa, y unos muy pocos, agregan, generosamente el centro de San Pedro Sula. El país es algo más que eso. En la Mosquitia, Islas de la Bahía, Olanchito, La Ceiba y Choluteca, solo para mencionar algunos lugares, los jueces están desamparados. No cuentan siquiera con el apoyo de los fiscales, quienes, por momentos, en vez de colaborar para que el juez aplique la ley en forma recta y completa, de forma que haga sentir a los delincuentes que han sido castigados por la sociedad en una medida proporcional a las ofensas inferidas, más bien los engañan.

Especialmente en temas penales, que son los más comunes y los que exponen más a los jueces al peligro, que al margen de su voluntad de aplicar la ley son humanos que en algunos lugares amenazan o incluso compran para que sus decisiones corran en dirección contraria a la justicia. Creo que esta soledad de los jueces, en esta vulnerabilidad con que tienen que bregar, en comunidades medianas en donde todos se conocen, como seres humanos que son, deben sentir miedo y duden que si aplican la ley la sociedad les dará el respaldo merecido.

O si por el contrario desarrollan –y no hay que escandalizarse por ello– vínculos fraternos, complacientes, que les proporcionan comodidad y felicidad, cuando son bien tratados por las fuerzas de donde proviene la mayoría de los delincuentes. Recuerdo en mi juventud que en la costa norte, el juez, además del sueldo, magro y limitado, recibía beneficios pecuniarios bajo la mesa de parte de la frutera y, ademas, la simpatía complaciente de los principales empresarios y políticos locales de los sectores rurales y urbanos de la costa norte, de donde salían delincuentes prestigiosos.

La Policía tiene cuidado con el “enamoramiento” de sus miembros con los grupos de poder, por ello los rota constantemente. Creo que esta práctica no se aplica con los jueces. Tengo conocimiento que en Tocoa, Olanchito y La Ceiba, los jueces y los fiscales echan raíces, establecen relaciones familiares e incluso, sospecho porque no tengo pruebas, pero por su posibilidad, es probable que hagan buenos negocios y terminen siendo dueños disimulados de haciendas o de paquetes de acciones discretas en negocios establecidos. Apenas lo sospecho.

Pero además –y en esto la Policía no ha podido resolver los problemas tampoco– los jueces están solos y sin supervisión constante. No estoy pidiendo que se les niegue libertad para decidir, Dios me salve de tal cosa; pero me escandaliza, como profesional del derecho, que la mayoría de las causas de asesinato sean cambiadas –para comodidad de los jueces y felicidad de los acusados– a homicidios simples, en muchos casos. Me gustaría que, ahora que se han secado las lágrimas por los que se fueran, investigáramos esto con ánimo científico. No para castigar a quienes tienen derecho a defender sus vidas, sino que para frenar la criminalidad y encarcelar a los delincuentes.