La confluencia de estos tres elementos se presentará en cualquier momento, cuando la eficiencia, en el caso de las Fuerzas Armadas, y la generosidad, en el caso de la república de México, traten de ejecutar los planes de desarrollo que se proponen en materia agraria, ya que el problema de la tierra que tiene Honduras ha sido por décadas y continúa hoy en día, siendo un obstáculo tan grande; pero a la vez tiene un potencial tan grande que es capaz de frenar en seco el desarrollo o de impulsar el país a niveles insospechados. Tenemos por un lado el programa que las Fuerzas Armadas ejecutarán en el agro de Honduras, las que ante el reconocimiento tácito de la incapacidad del Estado, la burocracia y la corrupción que han copado todas las instituciones encargadas del agro en Honduras entran en este campo ante los fracasos históricos que ha tenido el Estado por sí mismo para impulsar el agro.
Al programa de 4,000 millones en un período de cuatros años que ejecutarán las Fuerzas Armadas se le suma el otro gran proyecto de México para poder desarrollar nuestro país, evitar la migración y elevar los niveles de vida de nuestra gente: Jóvenes construyendo el Futuro, del Gobierno mexicano, que expresa la solidaridad de México con nosotros y es un amortiguamiento de la nueva política mexicana en materia migratoria; pero tendrá el mismo obstáculo que encontrarán las Fuerzas Armadas, la tierra. Esos $30 millones de dólares que México está dispuesto a gastar en nosotros también se entorpecerán por el eterno problema de la tierra en nuestro país.
Los derechos de propiedad siguen en nuestro país sin estar definidos, técnicamente estructurados y jurídicamente seguros. A pesar de tener una Ley de Propiedad innovadora desde el año 2004, las políticas populistas del Gobierno y la influencia de la política en los problemas de tierra no han hecho más que atizar la conflictividad y han creado más enemistad entre los tenedores de tierras y los propietarios legítimos.
¡Qué grandes oportunidades se perderán! Porque el Estado ha sido incapaz de dar seguridad jurídica a los derechos de propiedad, no ha definido una política con mecanismos de arreglo y conciliación para los derechos de propiedad en el agro que permitan la solución eficaz, pronta y segura de los problemas de tierras ni ha definido los derechos de propiedad en la mayor parte rural del país. Aquellos jóvenes que bien podrían crear unidades productivas en sus tierras en la parte rural, que es donde la pobreza golpea más fuerte, verán frenados sus anhelos por no contar con un título de propiedad, y aquellas empresas de campesinos que quieran acceder a fondos gubernamentales o internacionales no lo podrán hacer porque lo que tienen en vez de un título de propiedad es un conflicto de tierras que han pagado con dolor y sangre por muchos años, sin que aún se resuelvan los múltiples problemas de tenencia que plagan el agro hondureño.
Las pérdidas pueden ser tan cuantiosas en los millonarios proyectos que tanto México como las FF AA se proponen emprender en un terreno plagado de baches.
Al programa de 4,000 millones en un período de cuatros años que ejecutarán las Fuerzas Armadas se le suma el otro gran proyecto de México para poder desarrollar nuestro país, evitar la migración y elevar los niveles de vida de nuestra gente: Jóvenes construyendo el Futuro, del Gobierno mexicano, que expresa la solidaridad de México con nosotros y es un amortiguamiento de la nueva política mexicana en materia migratoria; pero tendrá el mismo obstáculo que encontrarán las Fuerzas Armadas, la tierra. Esos $30 millones de dólares que México está dispuesto a gastar en nosotros también se entorpecerán por el eterno problema de la tierra en nuestro país.
Los derechos de propiedad siguen en nuestro país sin estar definidos, técnicamente estructurados y jurídicamente seguros. A pesar de tener una Ley de Propiedad innovadora desde el año 2004, las políticas populistas del Gobierno y la influencia de la política en los problemas de tierra no han hecho más que atizar la conflictividad y han creado más enemistad entre los tenedores de tierras y los propietarios legítimos.
¡Qué grandes oportunidades se perderán! Porque el Estado ha sido incapaz de dar seguridad jurídica a los derechos de propiedad, no ha definido una política con mecanismos de arreglo y conciliación para los derechos de propiedad en el agro que permitan la solución eficaz, pronta y segura de los problemas de tierras ni ha definido los derechos de propiedad en la mayor parte rural del país. Aquellos jóvenes que bien podrían crear unidades productivas en sus tierras en la parte rural, que es donde la pobreza golpea más fuerte, verán frenados sus anhelos por no contar con un título de propiedad, y aquellas empresas de campesinos que quieran acceder a fondos gubernamentales o internacionales no lo podrán hacer porque lo que tienen en vez de un título de propiedad es un conflicto de tierras que han pagado con dolor y sangre por muchos años, sin que aún se resuelvan los múltiples problemas de tenencia que plagan el agro hondureño.
Las pérdidas pueden ser tan cuantiosas en los millonarios proyectos que tanto México como las FF AA se proponen emprender en un terreno plagado de baches.
