Una de las cosas que más me sorprendieron durante una larga entrevista con Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, reconocido por más de 50 países como el líder legítimo de su país, fue su pronóstico de que el número de exiliados venezolanos podría “fácilmente” llegar a ocho millones el próximo año.
Es una cifra alucinante, ya que serían el doble de los cuatro millones de exiliados que, según un reciente informe de las Naciones Unidas, ya han huido del país desde que asumió el dictador Nicolás Maduro. Ocho millones de exiliados equivaldrían al 25 por ciento de la población de Venezuela.
La duplicación del número actual de exiliados venezolanos podría causar un terremoto económico y, quizá, político, superior al actual en muchos países latinoamericanos. Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y otros países ya están teniendo problemas para recibir a los venezolanos en sus escuelas y hospitales. Vergonzosamente, el presidente Trump se ha negado a otorgar el Estado de Protección Temporal (TPS) -o residencia temporal- a decenas de miles de venezolanos en Estados Unidos.
La economía de Venezuela se ha desplomado en un 65 por ciento en los últimos seis años, la inflación alcanza 10 millones por ciento este año y 21 millones de venezolanos se van a dormir con hambre todas las noches, conforme a datos del Fondo Monetario Internacional y las Naciones Unidas. Asimismo, las fuerzas militares y paramilitares de la dictadura de Maduro han matado a al menos a 6,856 opositores desde principios de 2018, detalla un informe reciente de la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Son más asesinatos políticos que los llevados a cabo por varias dictaduras militares sudamericanas en la década de 1970.
Cuando le pregunté sobre las nuevas sanciones económicas de Trump contra Venezuela, que prohíben las transacciones con empresas estatales venezolanas, Guaidó me dijo: “Lo que buscan es que el régimen no pueda usar los fondos del Estado para financiar grupos irregulares o robarse el dinero de los venezolanos”.
Guaidó me expresó que Maduro pronto podría intentar cerrar la Asamblea Nacional, la última institución democrática que queda en el país. El régimen ya les quitó la inmunidad parlamentaria a 25 congresistas opositores, y varios de los principales ayudantes de Guaidó, incluido su jefe de gabinete, han sido arrestados con cargos falsos. Le pregunté a Guaidó si no teme que la presión internacional para restaurar la democracia en Venezuela pueda debilitarse en un futuro cercano.
Mientras Estados Unidos, la Unión Europea, Colombia y Brasil apoyan firmemente a Guaidó, el nuevo Gobierno de izquierda de México se ha acercado a Maduro y se declaró “neutral” sobre Venezuela. Argentina podría seguir los pasos de México si el partido peronista de la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner ganara las elecciones del 27 de octubre, como parece probable.
Guaidó respondió que los Gobiernos van y vienen, y señaló que el nuevo Gobierno de El Salvador, por ejemplo, cambió de bando y ahora lo apoya. Agregó que Maduro también se está debilitando, ya que casi el 90 por ciento de los venezolanos quieren que deje el poder, según una encuesta reciente de Meganálisis.
“El tiempo juega en contra de los venezolanos, también de Maduro, que se desmorona”, me aseguró Guaidó. “Lo importante es aprovechar la ventana de oportunidad para prevenir una catástrofe humanitaria” aún mayor e intensificar las presiones diplomáticas para poner fin al sufrimiento del pueblo venezolano, señaló.
Guaidó tiene razón. A menos de que la comunidad internacional intensifique su presión sobre Maduro, el número de exiliados venezolanos se duplicará, Venezuela se quedará con una población cada vez más hambrienta y reprimida y América Latina será inundada con millones más de refugiados venezolanos. Venezuela será una crisis continental, mucho más de lo que es ahora.
